Concesionarios de la Ruta 57 se ampararon contra los actos de represión de la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Verificación Administrativa, que incluyeron operativos con todo el aparato de gobierno.
De acuerdo a Gabino Ortega, presidente de Ruta 57, indicó que los actos ilegales fueron contra 14 unidades remitidas al corralón de manera injusta. A estas unidades, les impusieron multas de 9 mil a 45 mil pesos. que difícilmente puede cubrir un transportista.
Frente a la sede de la Semovi, en Álvaro Obregón 269, concesionarios mostraron su malestar, ya que los operativos llegaron después de que pidieron el incremento a la tarifa de 5 pesos, aunque solo les dieron un peso.
«Cuando todos habíamos pensado que superamos a gobiernos autoritarios surgen expresiones que limitan la libertad, y por una mínima consideración de reajustar las tarifas a un nivel adecuado, sufrimos ahora el poder del Estado, que nos pretendió obligar a callar».
