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Especialistas advierten que la presencia del crimen organizado, en al menos dos terceras partes del territorio nacional, ha alterado la vida cotidiana de las poblaciones en diversas dimensiones y entre ellas empieza a tener visibilidad la relacionada con el control de la cadena de producción de alimentos por parte de grupos criminales.
Reunidos en el Seminario internacional Alimentación y Sustentabilidad en las Ciudades, convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras instituciones, como la doctora Miriam Bertran Vilà, investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, sostuvo que con la violencia generada por la escasez y los altos precios de pollo en Chilpancingo, Guerrero, así como la ocurrida en el mercado de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, se ha prestado mayor interés al tema del crimen organizado y su control sobre la cadena alimentaria.
Se tata de actos que afectan toda la serie, desde la producción y distribución hasta su llegada a los consumidores donde el control tiene que ver no sólo con la extorsión de los productores y de quienes comercializan, sino también con el control de a quién compran, quién puede y qué pueden producir, y en general, hay una “diversificación en las formas en que estos grupos están controlando el sistema alimentario”.
El fenómeno ocurre no sólo en México, donde se calcula que en dos terceras parte de su territorio hay presencia del crimen, sino en otros países latinoamericanos como Colombia, Brasil o Ecuador, en los que la violencia ha afectado sus respectivos sistemas alimentarios, lo que ha provocado el progresivo desplazamiento de comunidades para utilizar la tierra en la actividad maderera, el impulso al cultivo de estupefacientes, los derivados por el abuso y control del agua y la relevancia que esto ha tenido respecto de la creciente migración de estas poblaciones, entre otros.
La doctora Jessica Arellano López, investigadora independiente, indicó que la incursión del crimen y la violencia no tienen que ver solamente con el cobro de derecho de piso, que viene de varias décadas, sino con el objetivo de alcanzar un “control total de la cadena productiva”.
Los temas del pollo en Guerrero y del enfrentamiento en el mercado de San Cristóbal representan una alerta de lo que puede venir a nivel nacional, pues dicho control no implica sólo el control del mercado, sino muchas consecuencias como el desmonte que está ocurriendo en Michoacán y en el Estado de México, que está derivando en una reconversión productiva orientada a monocultivos de aguacate y de papa, respectivamente.
Tal escenario implica no sólo la producción, sino aspectos como el control territorial, el paso de mercancía y de migrantes que se vuelven “mano de obra esclava” y además hacen un “doble negocio”, porque al desmontar obtienen las ganancias económicas de la venta de lo maderable, pero también el control y el lavado de dinero a través de sus industrias aguacateras.
Foto: latimes.com
