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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 64VG/2022 a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, y de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por violaciones graves a los derechos humanos de una persona y sus familiares, quienes fueron víctimas de violaciones a la seguridad personal y a la libertad por desaparición forzada, así como a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, atribuibles a elementos de la SEDENA en el estado de Chihuahua; y por violaciones a la seguridad jurídica y acceso a la justicia de la víctima y cuatro de sus familiares, atribuibles a personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quienes omitieron realizar la investigación correspondiente.
Esta Comisión Nacional recibió un escrito de queja el 5 de diciembre de 2018, a través de un correo electrónico enviado por la propia víctima, quien relató cómo, el 5 de marzo de 2009, mientras se encontraba en su domicilio en el estado de Chihuahua junto a su esposa, pudo percatarse de que una camioneta del ejército se encontraba en su patio. Al cuestionar a los elementos del ejército, estos los sometieron a base de golpes y lo sacaron de su domicilio mientras le preguntaban por el paradero de una persona que la víctima no conocía. La queja relata, también, que la víctima fue trasladada a instalaciones de la Compañía de Infantería No Encuadrada donde fue sometido a diversos actos de tortura por parte de los elementos aprehensores, quienes lo mantuvieron retenido por 33 días hasta que, finalmente, fue puesto a disposición de la Delegación de la entonces PGR en Chihuahua en calidad de imputado, pues se le atribuía la portación de 10 kilogramos de marihuana y armas de uso exclusivo del ejército.
Por su parte, familiares de la víctima interpusieron un juicio de amparo en su favor, ya que al momento de su detención, su esposa acudió a las instalaciones de la PGR a levantar una denuncia correspondiente a los hechos, en donde informó que previamente había acudido junto con familiares a las instalaciones de la Compañía de Infantería para solicitar informes respecto a la situación jurídica, física y psicológica de su esposo sin que le proporcionaran información que le permitiera conocer el paradero de la víctima, razón por la cual, otro de sus familiares acudió a esta CNDH para levantar una queja por los mismos acontecimientos.
El 6 de abril de 2009 (33 días después de su detención), la víctima fue presentada con 10 kilos de marihuana y un arma de uso exclusivo del ejército ante el mismo agente del Ministerio Público Federal que recibió la denuncia de su esposa por desaparición forzada. No obstante, permaneció un año recluido en un centro penitenciario por los delitos que se le imputaban, hasta que el procedimiento fue resuelto en su favor con una sentencia absolutoria.
FOTO: vanguardiaveracruz