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En América Latina, cerca de 370 defensores ambientales fueron asesinados entre 2015 y 2017, lo que representa 60 por ciento de los homicidios en todo el mundo, afirmó la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En tanto, “desde 1994 se han registrado más de 500 ataques contra defensoras de la tierra u opositoras a proyectos extractivos en la región, lo que confirma que la violencia de género es una de las características de dichos programas que no reparan en agredir a mujeres como una forma de vulnerar el tejido social y la resistencia de las comunidades”, advirtió.
Los asesinatos y la violencia en la zona tienen una relación directa con el incremento de proyectos y megaproyectos extractivos asentados en el país, precisó la especialista.
“La región padece de una creciente militarización y criminalización de la protesta social como formas de reprimir los movimientos sociales que se oponen al extractivismo depredador”, enfatizó.
Al participar en el Seminario Procesos de Despojo y Megaproyectos en Tiempos de la 4T, que en su cuarta sesión abordó el tema Extractivismo: amenaza para la vida, sostuvo que en México, se han documentado 800 conflictos socioambientales, la mayor parte en áreas rurales por causa de una debilidad institucional y por carencias de organismos del Estado que se enfoquen en la protección social o regulación de dichos proyectos.
En Centroamérica, 40 por ciento de los apuros se vinculan con la minería, el petróleo y el uso de químicos, mientras en América del Sur se reportan mil 100 problemas socioambientales y lamentablemente en casi todos los casos se usa a las fuerzas castrenses para la anulación o contención de los protestantes, apuntó.
En el caso de México, más de 40 comunidades indígenas enfrentan conflictos socioambientales con empresas mineras por el traslape de sus territorios con las concesiones otorgadas por el Estado, en esos lugares se viola el derecho a la autodeterminación y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denunció.
La presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica indicó que América Latina ha despertado el interés económico de todo el mundo por sus riquezas naturales y el potencial extractivo, “así como por nuestra histórica flexibilidad legislativa para atraer inversiones, pero también a dependencias estructurales que han debilitado a las naciones para imponer modelos reprimarizadores”.
En la actualidad esos proyectos se han intensificado aún más por el crecimiento de la esfera especulativa sobre el agua, el petróleo y el gas, nutrida por una mayor internacionalización de las cadenas productivas.