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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2020, encontró que más de 70 mil personas en contexto de movilidad han sido víctimas de tráfico y secuestro en México. Asimismo, que los operativos contra el tráfico de migrantes han aumentado en promedio 600%; que las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y que las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.
Es por ello que reiteró su llamado a fortalecer las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para atender a las y los migrantes que transitan por México, especialmente a quienes son víctimas de tráfico y secuestro, e insta a las autoridades locales a realizar una investigación diligente y profunda.
El Organismo Nacional subraya los altos niveles de vulnerabilidad a la que son expuestas las personas migrantes y exhorta a las autoridades, especialmente las encargadas de la seguridad pública, a reforzar las acciones para que la migración se realice de manera segura, digna y ordenada.
La CNDH advierte la necesidad de que México cuente con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de personas migrantes, así como medidas de asistencia, protección y seguridad a las víctimas que atienda sus necesidades especiales.
A través de este Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, la CNDH exhortó a las autoridades mexicanas a emprender acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno e impulsar el combate al tráfico y secuestro de personas migrantes en el que se incluya el fortalecimiento de las tareas de prevención del delito, procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.
Entre las propuestas generales, se encuentra el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado para garantizar la seguridad pública, prevenir e investigar la comisión de conductas delictivas, e identificar a los responsables para lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando con ello que no queden impunes. Todo ello acompañado de una política pública específica e integral.
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