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El Observatorio Nacional sobre Violencia en las Instituciones Educativas propone la implementación de un Acosómetro universitario para reconocer y denunciar el hostigamiento sexual en las instituciones de educación superior, de acuerdo con la doctora Rosalía Carrillo Meráz, investigadora de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y fundadora del organismo constituido en 2011 por representantes de diferentes organizaciones con el apoyo de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Al participar en el VI Encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las IES, la profesora subrayó que aquella por razones de género es la de mayor recurrencia, por lo que “me pareció importante hacer una revisión exhaustiva de las investigaciones que se están haciendo en México”, lo que le permitió constatar que de 2020 a 2022 hay más de 50 artículos sobre el tema y de ellos “la conceptualización de este fenómeno se refiere sólo al acoso y al hostigamiento sexual”.
El instrumento está inspirado en el “violentómetro” del Instituto Politécnico Nacional, sólo que en este caso se abordan únicamente las intimidaciones sexuales, puntualizó.
Carrillo Meráz expuso que el acosómetro establece cuáles son violencias leves, graves y muy graves. Las primeras son aquellas que causan incomodidad en las víctimas; las segundas, además de la molestia causan daño psicológico, es decir, generan miedo, ansiedad y trastornos del sueño, entre otros malestares, mientras que las terceras, aparte de las anteriores afectaciones provocan daños físicos, cuando se transgrede el cuerpo de las mujeres.
De acuerdo con la propuesta, las violencias leves deben tratarse a través de la mediación y la conciliación, “empoderando a las estudiantes para que puedan hacer evidente que están siendo vulneradas; por ejemplo, si alguien opina sobre su cuerpo, que ellas puedan poner un alto de manera directa, porque nos hemos dado cuenta de que si esto se convierte en una denuncia para que las autoridades tomen decisiones se van a tardar meses”.
Las violencias graves corresponde atenderlas a las autoridades universitarias, junto con las unidades de género siguiendo los protocolos y la normatividad, mientras que respecto de las muy graves sólo se da aviso a la casa de estudios y “se va directamente al Ministerio Público”, porque son penalizadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El instrumento no fue generado al azar, sino que llevó varios meses de creación y se trabajó primero con más de 500 alumnas de diferentes universidades a quienes se planteó organizar las violencias entre las que causaban más y menos daño. En los grupos hubo muchas diferencias en cómo ordenarlas, por lo que se efectuaron numerosas sesiones de discusión hasta que se logró el orden formulado.
