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El periódico “El País” en su edición México comenzó a publicar una serie de documentos que fueron “hakeados” a la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupos autodenominado «Guacamaya» que lograron robar miles de documentos oficiales con información sensible.
El rotativo revela que la filtración masiva de correos del Ejército a la que ha tenido acceso desvela una parte oscura de la institución pública donde se registran decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, que la Secretaría ha registrado en estos años, pero que había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlo.
Las periodistas Georgina Zerega y Elena Reina, señalan en la edición de El País, México, que la precaria y a veces nula respuesta de la institución lleva a que muchas de las víctimas soliciten un cambio de destino para evitar que sus superiores denunciados tomen represalias contra ellas o sean directamente dadas de baja
“Los documentos hallados entre más de 4,1 millones de correos revelan el conocimiento de la
@SEDENAmx de estas denuncias en las que están implicados al menos 42 militares. Algunos de ellos han recibido sentencias condenatorias y están en prisión”, refiere el rotativo a través de sus redes sociales.
Indica que la filtración de más de seis terabytes de información interna del Ejército incluye denuncias que detallan un mismo modus operandi de los agresores, donde a menudo se resguardan en el cargo y el uniforme para ordenar a las víctimas que acudan a un lugar donde no haya testigos.
En otro tuit, el rotativo refiere: “Ellas obedecen y son acorraladas. De acuerdo a los testimonios, en muchos casos en que acusaron a sus jefes fueron amenazadas con la idea de que nadie les iba a creer o les recordaban que allí estaban solas y los únicos con poder eran los altos mandos”.
Ante esta situación hace referencia que una de las pocas medidas que parece haber tomado el Ejército es una carta en la que sus miembros se comprometen a no acosar ni violar los derechos humanos de nadie. En junio de este año comenzó a circular entre las oficinas de la Secretaría ese documento.
También indica que pidieron la postura oficial de la Sedena y está contestó que están investigando los casos.
