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Organizaciones no gubernamentales estadounidenses y mexicanas enviaron una carta a gobiernos de Estados Unidos y México en el marco de los Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, donde señalan su preocupación que el gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas policiales como eje principal de su modelo de seguridad pública. En septiembre de 2022, el Congreso mexicano aprobó la propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional —fuerza de seguridad federal en México que en teoría es de naturaleza policial— a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Wola señala que este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares. Dicha reforma contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia. Las fuerzas armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir cuentas.
Mientras el gobierno mexicano asigna cada vez más papeles y recursos a las instituciones militares, México no está priorizando debidamente la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables, aun cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un mayor acceso a la seguridad y la justicia.
Las organizaciones refieren que México sigue viviendo niveles récord de violencia letal, con más de 35.000 homicidios registrados en cada uno de los últimos cuatro años y una crisis de más de 105.000 personas desaparecidas y no localizadas, de las que la mitad fueron vistas por última vez en los últimos seis años. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que unas 108.000 personas fallecieron por sobredosis de drogas en 2021.
Reconoce en Estados Unidos, la adopción de ciertas medidas encaminadas a reducir el tráfico de armas. Al mismo tiempo, resaltamos la necesidad de mayores acciones de parte de Estados Unidos para reducir el flujo ilícito de armas a México. Por otra parte, nos alienta la inclusión inédita de un enfoque de reducción de daños en la estrategia nacional de control de las drogas del gobierno del presidente Joe Biden, presentada en abril de 2022.
Sin embargo, notamos con preocupación que las acciones transnacionales contempladas en la estrategia todavía se enfocan en gran parte en esfuerzos por reducir la producción y el tráfico de drogas desde el extranjero “para impedir que las drogas ilegales jamás lleguen a nuestras fronteras”. Lo anterior, a pesar de los límites documentados de tales estrategias a lo largo de décadas de implementación, así como los daños registrados en términos de violaciones de derechos humanos y aumentos de la violencia y la corrupción en la región.
