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Cuando incomodan las sentencias de jueces y tribunales o la aplicación de leyes civiles al Ejército, la Fiscalía General de Justicia Militar (FGJM) no titubea en cabildear para suavizar las determinaciones o modificar los códigos penales en beneficio de sus elementos a través de reuniones con el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Por lo menos, eso dejan al descubierto las comunicaciones incluidas en los más de cuatro millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya. Los correos detallan los encuentros entre mandos de la FGJM con Zaldívar Lelo de Larrea para ayudar a militares.
Los temas de las reuniones, incluidos en archivos adjuntos titulados como: “Reunión en el marco de un desayuno con el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la S.C.J.N. y del Consejo de la Judicatura Federal”, describen los puntos a analizar entre ambas partes.
Entre ellos, de acuerdo con la base de datos obtenida por los hacktivistas de Guacamaya, se incluyen sentencias de hasta 264 años de prisión contra cuatro militares culpables de la sustracción de su domicilio y asesinato de siete civiles el julio de 2015 en Calera, Zacatecas.
También, investigaciones contra los militares Bernabé Lucas Rosas, Luis Flores Rosado, Omar Abad Ramírez, Rusbel Lazcano Chan, Jaqueline Rojas Quijano y Nallely Sánchez Rodríguez por el homicidio de Jessica Estrella Silva Zamarripa y las lesiones de su esposo Jaime Torres, el 8 de septiembre de 2020 en la carretera de Delicias a la Presa “Rosetilla”, municipio de Delicias, Chihuahua.
En este caso en particular, la FGJM propuso a Zaldívar Lelo de Larrea “advierta la violación a los derechos humanos de los indiciados, toda vez que, aun cuando no se tienen datos probatorios suficientes (no es posible identificar el calibre de la ojiva que privó de la vida a la víctima), les dictó auto de vinculación a proceso; asimismo, un oficial y cuatro de tropa están recluidos por un delito que no amerita prisión oficiosa”.
