La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avalo que las fuerzas armadas puedan seguir actuando en apoyo a las policías civiles en tareas de seguridad pública, aunque el presidente de la Corte Arturo Zaldivar advirtió: “De ninguna manera significa que este Tribunal esté autorizando la militarización de la Seguridad Pública”.
En sesión de este martes, los ministros desecharon la controversia constitucional promovida por diputados de oposición, en contra del acuerdo presidencial de mayo de 2020, que permitió el despliegue del Ejército y la Marina en estas labores “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional”.
La ponente fue la ministra Margarita Ríos Farjat, quién pidió a los ministros no politizar el tema, señaló que el nivel de criminalidad que vive el país es agobiante y que eso es lo que tomó en cuenta el constituyente permanente para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en apoyo a las fuerzas policíacas civiles.
El tema que discutieron los 11 ministros, tiene su base legal en el artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, cuyo texto transcribe casi en su integridad el acuerdo presidencial impugnado.
En su oportunidad la ministra Yasmín Esquivel Mossa apoyó la propuesta al señalar que la ciudadanía demanda paz, seguridad y justicia, y que para ello es indispensable la participación de las Fuerzas Armadas, cuya intervención en temas de seguridad pública está autorizada en la Constitución, en caso extraordinarios.
Del otro lado el ministro Luis María Aguilar Morales acoto que el acuerdo presidencial impugnado no motivó legalmente la autorización a las Fuerzas Armadas, que debe ser extraordinaria y excepcional, por lo que no se satisface el requisito de regulación.
En la votación final votaron a favor la ministra Loretta Ortiz Alhf, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Mario Pardo Rebolledo, Norma Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar.
En contra votaron los ministros Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Mientras que el ministro Pérez Dayan fue en lo general a favor, pero por la invalidez de algunos puntos del acuerdo.
