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La nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández va por garantizar la seguridad de las personas juzgadoras y expone que un juzgador no puede ser independiente si no parte de la base mínima que representa su seguridad, personal y familiar por lo que propone encontrar mejores mecanismos para garantizar que la independencia judicial se acompañe, siempre, de la plena salvaguarda de la integridad física de los operadores jurídicos, así como de quienes los rodean.
Esta propuesta es parte del plan de trabajo que presentó para su candidatura al presidencia de la corte y del Poder Judicial de la Federación, pero además busca consolidar el combate a la corrupción y aplicar de manera integral del Sistema Nacional Anticorrupción en el Poder Judicial de la Federación y la creación una Comisión Anticorrupción del PJF y expone que con la finalidad de renovar y consolidar el procedimiento de responsabilidad administrativa al interior del CJF.
Por ello propone la creación de un nuevo acuerdo general que agilice, actualice y simplifique su regulación en las etapas de investigación, substanciación y resolución. Esto con énfasis en el respeto al principio de autonomía y separación de funciones, garantizando en todo momento, la ausencia de interacción entre las unidades administrativas encargadas de cada una de estas etapas, con el objetivo de que se respeten los mandatos constitucionales y se garantice a la sociedad que se sancionará a aquellas personas servidoras públicas que hubiesen incurrido en alguna falta administrativa.
Piña Hernández considera que debe haber acciones que incentiven y privilegien el conocimiento por sí mismo, y no la mera acumulación de certificados que, por sí solos, no garantizan una mejor capacitación les integrantes del poder judicial. En esta línea, la ministra presidenta propondrá a sus compañeros la emisión de normativa que, de manera clara y precisa, permita regular las obligaciones a cargo de las personas servidoras públicas en materia administrativa y jurisdiccional, tales como el régimen de declaraciones patrimoniales, así como la realización de las actas de entrega-recepción, de forma armonizada con los avances institucionales en otras materias tales como el combate a la violencia laboral. Asimismo, propone la emisión de un nuevo código de ética institucional.
De igual forma plantea contar con una unidad específica en materia de perspectiva de discapacidad que, en coordinación directa con el área competente de derechos humanos, fungirá como una unidad de atención transversal que alcanzará tanto a las áreas administrativas como jurisdiccionales.
En sus directrices de trabajo, la ministra plantea definir si es necesario crear juzgados especializados en materia ambiental o instrumentar un programa efectivo, serio, completo y con actualización permanente para la especialización judicial en materia ambiental y de cambio climático.
