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En San Diego, California, el empresario mexicano-estadounidense Julio Santamaría se declaró culpable, en una corte federal, y admitió que conspiró para vender y usar herramientas privadas de piratería informática en México y EU para monitorear a sus rivales políticos y comerciales.
Un boletín que aparece en la página de internet del Departamento de Justicia de la Unión Americana, refiere que de acuerdo a documentos judiciales, a partir de enero de 2016 o alrededor de esa fecha, Santamaría comenzó a trabajar para un consorcio de empresas estadounidenses y mexicanas, incluida una empresa llamada Elite By Carga, para la cual negoció la venta de herramientas de interceptación y vigilancia a ciudadanos privados y políticos mexicanos. Antes de trabajar para este consorcio, Santamaría trabajó para la Procuraduría General de la República o “PGR” de México.
Santamaría admitió saber que, en algunos casos, sus clientes del gobierno mexicano tenían la intención de utilizar el equipo de intercepción con fines políticos, en lugar de fines legítimos de aplicación de la ley. En un caso, a sabiendas hicieron arreglos para que un alcalde mexicano obtuviera acceso no autorizado a las cuentas de Twitter, Hotmail e iCloud de un rival político. Guerrero y Moreno también admitieron que las herramientas y tecnologías de piratería que negociaron serían utilizadas con fines comerciales y personales por parte de clientes privados.
“La declaración de culpabilidad de hoy ayuda a detener la proliferación de herramientas digitales utilizadas para la represión y promueve la seguridad digital de los ciudadanos estadounidenses y mexicanos”, dijo el fiscal federal Randy Grossman. “Esta oficina se compromete a interrumpir las actividades cibernéticas maliciosas y mitigar la vigilancia ilegal”. Grossman agradeció al equipo de la fiscalía ya los agentes federales por su arduo trabajo en el caso.
“La declaración de culpabilidad de hoy demuestra que el ciberespacio no es un refugio de la justicia estadounidense y, como se vio en este caso, quienes violen los derechos de privacidad serán responsables”, dijo el agente especial a cargo, Chad Plantz, HSI San Diego. “HSI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley siguen comprometidos a proteger al público estadounidense de personas que intentan interceptar ilegalmente comunicaciones privadas para obtener ganancias ilícitas”.
Este caso fue investigado por las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, con la asistencia proporcionada por la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia.
