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Un proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales propone cambios a los códigos de Justicia Militar y del Militar de Procedimientos Civiles expedidos el 16 de mayo de 2016, con lo que le estaría dando la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien cuestionó su constitucionalidad.
El proyecto que se discutirá el próximo martes 14 de marzo en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se necesita una mayoría calificada de ocho votos para que cualquiera de las porciones impugnadas de los códigos militares pueda ser invalidada.
Aguilar Morales sostiene que algunas porciones de la actual legislación militar, invaden el fuero civil, y son contrarias al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla-Pacheco, emitida en noviembre de 2009.
Señala, entre otras, señala, el permiso paraque militares intervengan comunicaciones por celular, la facultad de las autoridades militares para asegurar activos financieros y que los códigos militares contienen disposiciones discriminatorias hacia las personas con discapacidad, al limitar sus derechos para actuar en procesos judiciales.
En el caso de intervenciones telefónica, el proyecto del ministro detalla que lejos de generar certeza, causa incertidumbre en relación con cuál es el límite de esta atribución, dado que sólo se menciona la causa por la que puede ejercerse, pero no se especifica ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo, lo cual puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense.
Se cuestiona también el artículo 238 del Código Militar de Procedimientos Penales, que faculta a la autoridad militar a asegurar activos financieros, el ministro propone invalidarlo debido a que no se establece que una medida de investigación debe ser sujeta a control de un juez civil.
En particular hace referencia a que diversas disposiciones de la justicia militar son discriminatorias hacia las personas con discapacidad, al limitar sus derechos para actuar en procesos judiciales.
En su proyecto, Aguilar propone que se dé al Poder Legislativo un plazo de 18 meses para hacer una consulta entre este sector de la población y aprobar normas que incluyan sus opiniones.
