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De acuerdo al columnista Salvador García Soto, en medio de rumores y versiones periodísticas que llegan desde Washington y que hablan de una investigación abierta por el gobierno de Washington en contra del banco gubernamental mexicano por un presunto lavado de dinero a través de sus servicios de recepción de remesas y transferencias al extranjero.
Señala que una investigación periodística del Sol de México documentó en noviembre de 2021 que en municipios de Sinaloa, catalogados como de baja incidencia migratoria, se incrementaron los envíos y cobros de remesas desde Estados Unidos, y que en lo que se identificó como un “modus operandi”, decenas de jóvenes, algunos con radios de frecuencia, hacían fila afuera de las sucursales del Banco del Bienestar en comunidades como Costa Rica, Culiacán, para cobrar los envíos en dólares.
Mientras adentro de la sucursal del banco gubernamental esperaban hombres que recolectaban el dinero cobrado por esos jóvenes en las cajas. Todo eso a pesar de que Culiacán es considerado como un municipio de ”baja intensidad migratoria” y aun así entre 2020 y 2021 recibió 580 millones de dólares en remesas, todo en medio de la pandemia y la crisis que generó en la economía mundial.
El columnista refiere que ha sido tal el crecimiento de las remesas enviadas desde Estados Unidos a través del Banco del Bienestar, que en los últimos años el banco lopezobradorista incluso recibió más dinero en remesas que Western Unión y Wells Fargo (con el que trabaja asociado), dos empresas estadounidenses que llevan décadas transfiriendo dinero de los migrantes mexicanos a los bancos nacionales. Se calcula que a través del Banco del Bienestar llegó el doble de envíos en dólares que mediante las dos empresas estadounidenses en los últimos años.
Sin embargo, fuentes estadounidenses afirman que las investigaciones abiertas en contra del Banco del Bienestar, no sólo tienen que ver con un incremento notable en los envíos de dinero a través de remesas que recibe esa institución de gobierno, sino también incluye el rastreo de diversas transferencias realizadas desde el citado banco oficial mexicano a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que fueron realizadas utilizando un sistema distinto al SPEI que es el que maneja el Banco de México, y se realizaron a través de un mecanismo de transferencias monetarias creado por el gobierno de Rusia, luego de que Europa y Estados Unidos bloquearan y aislaran a su sistema financiero como parte de las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, tras la invasión a Ucrania.
Toda esa información, que estaría en poder de las autoridades estadounidenses, habría sido proporcionada por un alto funcionario del Banco del Bienestar, que estaría entregando pruebas y datos al vecino país, a cambio de buscar un trato como testigo protegido, en una eventual acusación de lavado de dinero en contra del banco gubernamental mexicano. Según fuentes de la cancillería mexicana, el tema de la investigación abierta en contra del citado banco había aflorado dentro de la reunión que sostuvo el presidente López Obrador el pasado domingo en Palacio Nacional con un grupo de 12 congresistas de los Estados Unidos, quienes le habrían informado al gobierno de México de esas investigaciones, y a partir de eso se habría decidido sacar a la institución del millonario mercado de las remesas.
