En la sección Cero Impunidad, el subsecretario de seguridad, Luis Rodríguez
Bucio, acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, de proteger en su calidad de presidenta de Consejo de la Judicatura (CJF) a una jueza en Aguascalientes que con sus decisiones ha beneficiado a delincuentes.
En la conferencia mañanera, Bucio, se quejó de Piña Hernández, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, ella es secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura.
El caso es una queja contra la jueza de Distrito, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, en el estado de Aguascalientes. Es un caso de desaparición de José Francisco “N”, él era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018, por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes y que, en ese tiempo, se desempeñaba como escolta del exgobernador Martín Orozco. El detenido continúa desaparecido.
El 17 de mayo, tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón, desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco “N”.
En este caso hubo otro detenido, Jaime “N”, que se suicidó de manera dudosa en diciembre, en el 2019, en una celda del Cereso de Aguascalientes y aún continúa una persona más por detener por estos hechos.
Otro caso que se informó de jueces que protegen a delincuentes fue el de CeciliaCrokman Flores, encargada de despacho del juzgado de primera instancia penal del distrito judicial de Hidalgo con sede en Iguala, Guerrero por decretar la libertad de El Güero Palma.
