De 2017 a 2022, las fiscalías sólo han ejercido acción penal contra 0.08 % de los casos de tortura y malos tratos y los jueces contribuyen a su impunidad En ese mismo periodo, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos han emitido recomendaciones sólo para el 1.7 % de quejas sobre tortura y tratos crueles A veintiséis años de la Proclamación del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), reconoce lo mucho que se ha avanzado, sobre todo en materia federal, pero observa grandes retos para que pueda consolidarse el combate a la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes de forma eficaz y eficiente. El Estado mexicano firmó, el 10 de diciembre de 1984, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, justamente en momentos en los que la tortura era práctica normalizada y solapada por autoridades federales.
Basta mencionar que en 2017 sólo emitió 8 Recomendaciones, relativas a las condiciones de centros de reclusión, estaciones migratorias y estancias provisionales estatales. Lo que contrasta con las cifras que se tiene hoy en día.
En 2022, el Mecanismo Nacional dio vista de 402 posibles hechos de tortura o malos tratos ante las autoridades correspondientes, como los organismos estatales de defensa de derechos humanos y las fiscalías. Mientras que, en lo que va del año, se tiene un registro de 205 casos. De 2017 a 2022, las fiscalías estatales reportan el inicio de 30 mil 715 carpetas de investigación por el delito de tortura y otras formas de malos tratos. Sin embargo, de ellos, sólo en 25 casos se ha ejercido acción penal: el 0.08 % del total. Relacionado a ello, el Mecanismo ha conjuntado información que indica que, las fiscalías estatales sólo han realizado 2 mil 114 dictámenes médico psicológicos emitidos conforme al Protocolo de Estambul. Es decir: se llevó a cabo este peritaje en sólo 6.88 % de los casos.
