En atención a la política de cero tolerancia a la corrupción, en el proceso de nacionalización del ISSSTE se identificó un esquema de saqueo y defraudación que afectó el patrimonio del instituto durante más de 12 años, por aproximadamente 15 mil millones de pesos.
Así lo señaló en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina, quien indicó que se trata de un modelo de corrupción en el que ex trabajadores del instituto coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de tribunales laborales, tramitaron miles de juicios ante una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el norte del país, con el propósito de obtener pensiones y beneficios fuera de la ley.
Precisó que con información sustraída ilegalmente, por funcionarios del instituto, diversos abogados se dedican a contactar a personas pensionadas y jubiladas, prometiéndoles ganar juicios laborales para obtener prestaciones, derechos y pensiones en forma irregular. Hizo notar que la JFCA no tiene competencia en los casos de jubilados y pensionados para aumentar los montos de dichas prestaciones y pensiones.
Asimismo, indicó que en estos procesos, personal del ISSSTE pierde los juicios deliberadamente, y los pensionados pagan su moche a los funcionarios tanto del instituto como de la Junta Federal, así como a abogados litigantes.
De este modo, la JFCA condena al instituto al pago de prestaciones laborales irregulares, que alcanzan montos millonarios. En este proceso, aseveró, concurren diversos delitos, como asociación delictuosa, falsedad de declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito del servicio público.
El procurador subrayó que la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Issste, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, han generado una estrategia jurídica conjunta con la que han evitado el pago de pensiones ilegales por un total de 1,200 millones de pesos.
En su intervención, apuntó que para evitar la consolidación de fraudes por laudos laborales, suman actualmente 31 denuncias presentadas ante la FGR, existiendo 25 carpetas de investigación y 22 casos de personas que ya se han judicializado, con ocho vinculaciones a proceso contra tres personas.
Destacó que ya se han asegurado cheques por un monto total de 1,188 millones de pesos.
