Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de migrantes recalcaron la urgencia de encontrar nuevas estrategias para abordar el fenómeno migratorio, asegurando que el orden no implica la violencia, como ha sido el caso en la frontera entre México y Estados Unidos.
Durante un encuentro organizado por Alliance San Diego y su red de aliados, se reflexionó sobre el contexto actual de crisis en la frontera y las maneras de combatir la brutalidad policiaca y las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, las cuales afectan principalmente a inmigrantes mexicanos y centroamericanos y personas de color.
Andrea Guerrero, Directora Ejecutiva de Alliance San Diego, aseguró que el objetivo de la Campaña “Empieza con Dignidad” es exigir un cambio en los estándares de uso de la fuerza en los Estados Unidos y agregó que: “Estados Unidos no puede presentarse como líder en materia de derechos humanos cuando no los protege en casa.
Por su parte, Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, comentó que: “las políticas restrictivas y de criminalización de la migración que se agudizaron desde la década de los 90 en los Estados Unidos no han reducido los flujos migratorios sino, por el contrario, continúan creciendo, derivado de crisis en los ámbitos político, social, de seguridad y ambientales en Latinoamérica”.
Durante su intervención, Bernardo Méndez Lugo, Director Ejecutivo de “América Sin Muros” y Ministro retirado del Servicio Exterior Mexicano, señaló que desde la organización que preside trabaja de cerca con la problemática de violación a los derechos humanos de migrantes por parte de los agentes fronterizos, y aseguró que más de la mitad de las muertes ocurren en el intento por cruzar hacia los Estados Unidos.
A su vez, Isabel García, Co-fundadora y Directora de la Coalición de Derechos Humanos, recordó que las leyes migratorias en Estados Unidos “comenzaron con racismo y discriminación”, ya que la primera ley anti-inmigración de dicho país surgió en el año 1929 para impedir la llegada de personas consideradas de “razas inferiores”, como personas de ascendencia mexicana e indígena y afrodescendientes.
