El próximo octubre se cumplen dos años desde la muerte de Octavio Ocaña, la familia del actor que dio vida a “Benito Rivers” se reunió con la diputada Silvia Sánchez Barrios para presentar ante el Congreso de la Ciudad de México la llamada “Ley Ocaña”.
Se trata de una iniciativa que pretende sanciones de tres a siete años de prisión y una multa de 700 a mil 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para los servidores públicos que difundan, filtren , distribuyan, comercialicen, graben o intercambien imágenes, audios, videos y/o documentos relacionados con algún hecho delictivo.
Sánchez Barrios enfatizó que la “Ley Ocaña” busca velar por la dignidad de las personas fallecidas; así como evitar el daño moral a los familiares de las víctimas, recordando que tras la muerte del actor el 21 de octubre de 2021, a consecuencia de un disparo cuando policías de Cuautitlán Izcalli persiguieron la camioneta en que viajaba, se filtraron imágenes de su cadáver.
Con la llamada «Ley Ocaña», se busca modificar el Código Penal Federal para castigar severamente a funcionarios públicos que difundan, almacenen o exhiban imágenes u otro material relacionado con un hecho delictivo. La presentación de esta iniciativa ha suscitado un importante debate sobre la necesidad de proteger la dignidad y la honra póstuma de las personas fallecidas y de sus familiares, así como prevenir el uso indebido de información relacionada con investigaciones de causas penales.
La «Ley Ocaña» propone una serie de enmiendas al Código Penal Federal para establecer sanciones
significativas a los servidores públicos que difundan, transmitan, publiquen, expongan, remitan,
distribuyan, videograben, audiograben, filmen, reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien o compartan imágenes, audios, videos o documentos relacionados con hechos delictivos. Estas sanciones
pueden incluir penas de prisión de 3 a 7 años y multas sustanciales de 700 a mil 300 Unidades de
Medida y Actualización.
