El Estado debe garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, la libertad de expresión y el periodismo, coincidieron especialistas en el conversatorio “Estado de derecho y libertad de expresión 2023”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para conmemorar el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información
En su intervención, Lorenzo Córdova Vianello, ex Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), evidenció que la amenaza de cambio constitucional y el acoso que están sufriendo los órganos de control son, probablemente, uno de los síntomas más claros de los desafíos y del proceso de erosión de la democracia, que no es un fenómeno exclusivo de México.
Dijo que, lamentablemente, el país se ha convertido en un punto de referencia del acoso institucional; que pueden enumerarse en cinco ejes: descalificación pública, hostigamiento personalizado contra sus titulares, restricciones presupuestarias, intentos de reforma legales o constitucionales para desaparecerlos o acotarlos, y la captura de estos órganos; por ello, recalcó: “al poder hay que confrontarlo con los mecanismos que tenemos a nuestro alcance, cuando abusa de éstos”.
Tras señalar que el INAI es una institución indispensable para el funcionamiento de la democracia, la politóloga Denise Dresser advirtió que, actualmente, el ocultamiento de la información por parte del gobierno se ha vuelto un patrón peligroso y alarmante, a tal grado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha intervenido para salvaguardar el derecho a saber de la sociedad.
“Por ejemplo, ¿dónde está la información sobre los montos robados al Banco del Bienestar?, reservada por cinco años; ¿dónde está la información sobre los contratos de Pegasus, el software utilizado para espiar a activistas y defensores de derechos humanos?, reservada por cinco años; ¿dónde está la información sobre el operativo fallido para la detención de Ovidio Guzmán?, reservada por cinco años; ¿dónde está la información sobre los contratos del AIFA, Dos Bocas, el Tren Maya?, clasificada como de seguridad nacional”, cuestionó.
En su turno, la periodista Gabriela Warkentin indicó que no hay una estructura de protección para ejercer la labor periodística en el país y, ello, ha provocado cada vez más territorios silenciados, es decir, cada vez hay menos periodistas locales dispuestos a hablar de lo que acontece en localidades de Chiapas, Tampico, Michoacán, Jalisco y Tijuana por el miedo y los riesgos que ello representa.
Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apuntó que la realidad de México es paradójica, pues por una parte es un discreto receptor de periodistas en exilio y, por otra, es un país que arroja índices de violencia contra las y los periodistas mexicanos; con mecanismos burocráticos que llevan a la autocensura.
“El Estado te indica cómo sí hablar de los asuntos; entonces se empieza a escribir desde los lentes del burócrata de supervisión; ahí está la semilla de la autocensura; para la violencia física contra una persona periodista hay un mecanismo de protección, pero ¿qué hacemos contra la autocensura colectiva en una sociedad democrática?, ¿cómo la vencemos?, concluyó.
