Desde 2020, la ecuatoriana Paola Roldán inició un calvario. Los médicos le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad rara del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y la médula espinal, reduciendo la funcionalidad muscular. Paola intentó curarse por todos los medios, pero los médicos no encontraron cómo revertir los efectos de esta enfermedad y le informaron que no tenía cura. Recibió cuidados paliativos, pero su estado de salud se deterioró gravemente.
Permanentemente conectada a un respirador, con intensos dolores y dependiendo de cuidados continuos, en agosto del año pasado solicitó reconocer su derecho a una muerte digna. No obstante, la legislación ecuatoriana consideraba ilegal la eutanasia activa, con penas de 10 a 13 años para quien la practicara. Entonces, Paola, junto a un equipo de abogados, inició una batalla legal para despenalizar la muerte asistida en situaciones extremas.
Tras varios meses de deliberación, y con el apoyo de siete de los nueve magistrados de la Corte Constitucional del Ecuador, el 7 de febrero pasado se resolvió a favor de despenalizar la eutanasia, declarando constitucional el derecho de las personas que, debido a un sufrimiento intenso por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable, soliciten la muerte asistida.
Con esta decisión, Ecuador se unió a Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda y Portugal, como uno de los nueve países que han despenalizado la muerte asistida en circunstancias extremas.
Entrevista con Óscar Enrique Torres Rodríguez
Para profundizar en la eutanasia y su situación en México, conversamos con Óscar Enrique Torres Rodríguez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en temas de filosofía del derecho y derecho comparado.
Torres Rodríguez explicó que médica y legalmente existen dos tipos de eutanasia: la pasiva, que implica alcanzar la muerte natural mediante la omisión de tratamientos, medicamentos, terapias o alimentos; y la activa, un acto deliberado y voluntario donde se administra una sustancia legal para causar la muerte.
El experto universitario aclaró que el suicidio asistido y el no asistido no son formas de eutanasia. El suicidio médicamente asistido se refiere a que un médico receta una sustancia letal, pero es el paciente quien se la administra. En el no asistido, un tercero proporciona la sustancia, pero deja que sea la persona afectada quien decida si la utiliza.