La Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos investiga a cinco funcionarios por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.
Entre los funcionarios denunciados se encuentran el fiscal de Niños, Niñas y Adolecentes de la FGJ, Miguel Ángel Barrera Sánchez, así como la jueza de Control, Angélica Fernández Nardo; el juez en funciones de trámite, Ildefonso Tacuba Vallen así como ministerios públicos de esa fiscalía.
La abogada penalista, Diana Cristal González Obregón señaló que la denuncia que ha presentado su representado para defender la integridad de su hijo pequeño por violencia familiar en contra de la madre del menor, ha sido nulificada, minimizada, obstaculizada y no ha tenido avances desde su inicio.
El niño ha referido que quiere quedarse con su padre, pero su voz no ha significado nada, ni para la fiscalía de niños, niñas y adolescentes ni para la autoridad judicial en materia civil-familiar.
Denunció que no se han realizado actos de investigación dirigidos a proteger al niño y a su padre, sino todo lo contrario, al ser hombre, se le han iniciado un sinfín de carpetas con hechos falsos y
Al respecto el papá del menor Armando Rafael Medero además de exigir justicia se preguntó: ¿Cuál fue mi crimen? denunciar y solicitar el inicio de una carpeta de investigación en contra de su madre por estar golpeado mi hijito por culpa de su madre misma en la cual no se ha realizado una sola actuación y se encuentra detenida en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la CDMX obedeciendo intereses de la funcionaria pública en mención, con Ministerios Públicos a cargo que desechan cualquier hecho denunciado por mí, supuestamente por “no acreditar mi denuncia”, sin leer ninguna prueba que aporto, y desconociendo a proposito la ley.
Y, agregó: «Aún así, mi esposa y yo, ahora somos amedrentados e investigados en más de tres carpetas de investigación que la misma funcionaria inventó, por hechos falsos, y sin ningún tipo de prueba. La única razón por la que continúan abiertas es porque la autoridad sólo le da la atención por su puesto en la función pública y su género.
«Me he defendido con más de 10 periciales de profesionales y expertos que demuestran la falta de verdad de la madre de mi hijo, y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes a cargo del Titular Miguel Ángel Barrera Sánchez, ha decidido que mi hijo y yo no podemos ni debemos tener acceso a la justicia, no tenemos derechos, no tenemos voz, y para nosotros no hay Ley que nos proteja», destacó.
Dijo que «al luchar por la salud de mi pequeño hijo con necesidades médicas para su riñón y que no se quedara sin escuela, he padecido un viacrucis en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la CDMX, con Jueces de la Unidad de Gestión Administrativa No. 13 del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y por la Jueza del Juzgado Décimo Séptimo de lo Familiar.
Se cumplió lo que la madre de mi primer hijo me dijo como amenaza: ¡Te voy a dar con lo que más te duela! ¡Yo soy mujer y tú eres hombre! ¡Mis abogados son dioses y tengo a un senador de mi lado! Jamás pensé que fuera tanto su odio, por el simple hecho de rehacer mi vida con una nueva familia.
«Ella es funcionaria de la Secretaría de la Controlaría General de la CDMX y siempre se ha valido de ser funcionaria para amedrentarme, trabaja a pocas cuadras de mi casa y de manera reiterada hemos tenido patrullas y policías de investigación vigilando a nuestra casa y tocando el timbre para preguntar nuestros horarios. Incluso en la escuela a la que hasta hace meses asistía mi hijo, fue acompañada de todo un operativo orquestado por el Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la CDMX para amedrentarnos y fuimos víctimas de abuso de autoridad», destacó.
«El 9 de mayo de 2024 a pesar de tener un amparo que me protegía contra orden de aprehensión dictada por la jueza Angélica Fernández Nardo, misma quien resolvió sin estar yo presente en audiencia, por motivos de trabajo y sin contestarme por escrito a un importante oficio, ese 9 de mayo más de cinco supuestos policías de investigación, sin identificarse y sin llevar protocolos, me aprehendieron a plena luz del día, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, diciendo que el amparo no importaba, que el Juez no sabia hacer amparos, que estaba mal hecho y que ellos perdían más si no me detenían,
«Hemos interpuesto varios oficios a partir de la extraordinaria defensa privada de la destacada Jurista Dra. Diana Cristal González Obregón, quien por cierto ha sido redactora en el Procedimiento Penal Mexicano y los jueces de la Unidad de Gestión Administrativa No.13 del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX solo le contestan con ideas aisladas disfrazadas de argumentos legales, de eventos anteriores e irrelevantes para las solicitudes que hacemos en mi defensa.
«Desconozco si mi hijo se encuentra vivo o muerto, no acude a la escuela a la que legalmente se encuentra inscrito por lo que perderá el año escolar, no acude al pediatra que diagnosticó su grave padecimiento y no consume su medicamento que es tan especializado que sólo se prepara en dos farmacias en la CDMX bajo pedido. El tribunal de la CDMX me impide verlo, hablar con él, enviarle cartas, juguetes y tener cualquier tipo de contacto, así sea visual.
Por su parte, su madre, me exige pagar la escuela (a la que no lo llevan), la pensión para ella misma que ilícitamente cobra y adicionalmente la pensión para mi menor hijo, de la cual no recogen su billete de depósito. La pensión siempre ha sido pagada rigurosamente porque me interesa que a mi menor hijo no le falte nada y hoy, le falta todo.
Aun y cuando mi menor hijo declaró los maltratos recibidos por su madre, dijo el padre del menor que, «su abuela, su tío y su primo, esta Fiscalía gravemente decidió callarlo. Que desgracia que mi hijo sea niño y no niña, porque ahora no sabemos en dónde está, si está vivo o muerto, se le niega el derecho a la salud, a la educación y hasta el momento también a convivir con su hermano bebé que también ha sido invisibilizado, sin su padre y sin toda la familia paterna que lo quiere y extraña.
«Mi familia y yo vivimos con miedo; con una carpeta fabricada fuimos cateados en casa en una ocasión, a tan sólo 50 días del nacimiento de mi segundo hijo y mientras mi esposa se encontraba en recuperación por haber salido de terapia intensiva a causa de preeclampsia postparto, siendo custodiados como delincuentes, ese día la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes a cargo del Titular Miguel Ángel Barrera Sánchez, decidió que intereses particulares estaban por encima del interés superior de un bebé y puso en riesgo su vida.
