En los últimos 16 años, las rentas en la Ciudad de México han subido de manera alarmante. De acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México, el incremento en los precios ha sido al menos ocho veces mayor que el salario general, creando un panorama desafiante para quienes desean acceder a una vivienda.
Un análisis elaborado por las plataformas inmobiliarias Lamudi México, Trovit y Properati indicó que la Ciudad de México es la ciudad más cara para rentar departamentos de clase media entre 17 urbes de América Latina; en las primeras posiciones de ese conteo también figuran otras dos ciudades mexicanas: Guadalajara (3) y Monterrey (4). Las cifras presentadas en otro ejercicio realizado por la plataforma inmobiliaria Houm respaldan esta afirmación y exhiben precios exorbitantes que difícilmente las familias mexicanas pueden cubrir.
Houm encontró que las rentas más caras oscilan entre los 50 mil pesos, y las más baratas, entre los seis mil pesos. Las delegaciones con los precios más altos son Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, mientras que las menos costosas son Tlalpan y Tláhuac. La plataforma explicó que esta variación de precios se debe a la ubicación, tamaño y condiciones de la propiedad, como el número de cuartos, baños disponibles y espacios extra como cuarto de lavado.
Si bien algunos inmuebles cumplen con las condiciones que establece la Comisión Nacional de Vivienda para una morada adecuada (seguridad en la tenencia, habitabilidad, accesibilidad, buena ubicación y adecuación cultural), hay otros que no lo hacen e incluso proporcionan servicios de forma separada, es decir, hay un baño general para todos los inquilinos.
El pasado 29 de julio, el jefe de Gobierno sustituto de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Vivienda y al Código Civil del Distrito Federal, contemplando crear un registro digital de contratos de arrendamiento y establecer que el incremento de las rentas de vivienda no podrá ser mayor al índice inflacionario.
Sin embargo, para Rosalba González Loyde, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM y maestra en Desarrollo Urbano, aunque no se puede desestimar este planteamiento, también es necesario asegurar que las viviendas sean adecuadas, e indica que esto se logrará con dos aspectos fundamentales: regulación y transparencia.
“A quienes rentan una casa, se les imponen muchas trabas que a veces son absurdas o muy abusivas: desde no permitir mascotas o bebés hasta exigir dos depósitos o pagar una fianza. Entonces, se suman dos factores que claramente perjudican a los inquilinos: el aspecto económico y el hecho de que el arrendador pide una serie de requisitos que, lejos de incentivar, desalientan. La visión debe ir más allá y regular no sólo los topes, sino también los mecanismos que garanticen seguridad a ambas partes”, dijo.
Entre las propuestas de Batres se incluyó modificar el artículo 2448-D del Código Civil Federal, el cual estipula que las rentas no se deben incrementar anualmente por encima de la inflación vigente y que dicho aumento no podrá exceder el 10 por ciento de la cantidad pactada como renta mensual.
González Loyde indicó que, si se realiza la modificación, se debe contemplar reducir ese 10% porque “es muchísimo y no va alineado a los parámetros económicos actuales”. Asimismo, comentó que los problemas en relación con los aumentos son ocasionados por la gran informalidad en torno a arrendadores e inquilinos.
