Si desde hace décadas se viene planteando la necesidad de reformar al poder judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que se asegura al interior hay grupos radicales, la nueva reforma judicial que está en discusión en el Senado, dejo ver la división que hay entre los 11 ministros de la Corte.
Lo anterior porque siete ministros, votaron porque el máximo tribunal del país, se sumase al paro de los trabajadores en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, que fueron quienes votaron en contra y rechazaron la medida adoptada por Norma Piña, Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.
En la sesión privada, la ministra Piña Hernández, en su calidad de presidenta, pidió la votación, y una vez con el apoyo mayoritario, rechazó los argumentos de las ministras Batres, Esquivel y Ortiz, quienes exigían que se siguiera laborando porque la ley no permite que la Corte suspenda actividades, y tampoco validaron sus argumentos de que con esta suspensión prácticamente el Poder Judicial deja de prestar servicios que son importantes para la sociedad.
Sus protestas no fueron atendidas por lo que la Corte anunció que se atenderán los asuntos que se consideren urgentes y que encontrará “la forma de sesionar en caso de ser necesario”.
En medio de la polémica, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz afirmaron que “procede la imposición –mediante juicio político– de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, a las ministras o ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, como es suspender las actividades del máximo tribunal del país.
