Aunque con la desaparición del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior el Gobierno de México afirma que se fortalece la equidad en el proceso de ingreso a bachillerato, el Dr. Luis Antonio Mata Zúñiga, profesor investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana, advirtió sobre una serie de riesgos que podrían derivar de esta decisión, incluyendo un aumento en las desigualdades si se asignan escuelas con base en el domicilio de las y los aspirantes.
El especialista analizó las posibles repercusiones de la desaparición de la prueba Comipems en un artículo publicado para ODEJ-Lab, un espacio del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) con análisis y posicionamientos sobre el acontecer de la política educativa en México y América Latina.
En opinión de Mata Zúñiga, con la desaparición de la prueba Comipems podrían prevalecer prácticas discriminatorias o la selección basada en criterios arbitrarios, perjudicando a estudiantes de sectores vulnerables: “como es el caso de la asignación de opciones educativas y planteles basados únicamente en el código postal de los aspirantes, lo que reproduciría desigualdades de base afectando negativamente las trayectorias de miles de jóvenes”.
El académico de la IBERO también se refirió a la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de seguir aplicando una prueba de admisión, y recordó que los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), pertenecientes a esta institución, representan la primera opción para más del 50% de las y los aspirantes a estudiar el bachillerato en el sistema público, con sólo 2 de cada 10 solicitantes ingresando a estas escuelas. “La falta de un mecanismo centralizado podría derivar en la falta de coordinación entre las instituciones y mayor incertidumbre para los aspirantes, sobre todo si los bachilleratos de la UNAM quedan fuera de esta reorganización”.
El experto también cree que sin un sistema que regule el ingreso, existe el riesgo de saturar algunas instituciones, “lo que podría comprometer la calidad de la educación”.
De igual manera, el Dr. Mata Zúñiga llamó a garantizar las condiciones estructurales mínimas en los planteles, “tales como una infraestructura adecuada, condiciones laborales justas para sus docentes, y una correcta evaluación de los planes y programas de acuerdo con su pertinencia”, toda vez que la eliminación de la prueba Comipems no soluciona en sí las deficiencias en los modelos educativos.
El profesor universitario señaló que la desaparición de la prueba Comipems debería ser entendida como parte de un proyecto integral de política pública educativa que se complete con otras medidas como la ampliación y creación de más escuelas, especialmente en zonas de alta demanda, sin descuidar las zonas pequeñas y de difícil acceso, garantizando el derecho a la educación sin comprometer la calidad educativa.
La política pública planteada por el analista debería también rediseñar los criterios de admisión con un modelo que combine la proximidad geográfica, pero también la capacidad instalada de las instituciones, las diferencias en la composición social de los actores escolares y las preferencias de los estudiantes, permitiendo una distribución más inclusiva y justa de los espacios educativos.