Organizaciones no gubernamentales (ONGs), condenaron enérgicamente el caso de Yudiel Flores Tovar, conocido como «El Coyote Consentido», quien desde el penal “El Amate” en Chiapas, continuaba abusando sexualmente de niñas y niños, a pesar de haber sido condenado a más de 100 años por delitos de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).
La muerte de este youtuber no puede ni debe considerarse como el cierre de este caso. Por el contrario, debe volver a encender todas las alertas sobre las fallas estructurales del sistema penitenciario que permitieron que estos abusos continuarán incluso al interior de un centro penitenciario.
En su dispositivo celular se encontraron nuevas imágenes que revelan posibles agresiones a menores, probablemente hijas e hijos de otros PPL. Este incidente no es un hecho aislado, es un caso de un agresor sexual que lejos de recibir un tratamiento especializado enfocado en su reinserción social, logró evadir controles elementales de seguridad para seguir cometiendo agresiones.
En Reinserta hemos documentado al menos cinco casos confirmados de abuso sexual infantil dentro de centros penitenciarios. Casos como el de Emili, víctima de abuso sexual dentro del penal de Santiaguito; los testimonios recolectados en el extinto penal de Topo Chico; el caso de Tadeo, un bebé encontrado muerto tras haber sido ingresado ilegalmente a un penal en Puebla; y ahora, este crimen, refleja una crisis sistémica de protección a las infancias en entornos penitenciarios a lo largo y ancho del país.
En México niñas y niños siguen siendo abusados sexualmente dentro de espacios en custodia y responsabilidad del Estado. Esto ocurre porque impera la omisión, la negligencia y en muchos casos, la corrupción y complicidad institucional.
Es un hecho que las autoridades encargadas de promover la reinserción social desde las cárceles no cuentan con medidas de atención especializadas para agresores sexuales. La falta de protocolos efectivos de separación, monitoreo y vigilancia permite que estos delitos ocurran con total impunidad. Las niñas y niños que ingresan a los penales lo hacen bajo filtros de seguridad básicos, sin embargo, al interior de los centros la falta de acceso a espacios seguros, la nula tecnología, el poco personal son un caldo de cultivo para que los agresores sexuales sigan abusando sexualmente de las infancias.
Aunado a la grave falta de controles dentro de los centros penitenciarios, persisten vacíos legislativos alarmantes en el tratamiento de agresores sexuales.
