De acuerdo al columnista Salvador García Soto, una inminente choque entre dos fracciones al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los 11 ministros, se hizo evidente en días pasados, luego de que en sesión privada, dos ministros culparon a la ministra presidenta Norma Lucia Piña, de no hacer lo necesario para reestablecer los canales de comunicación con el ejecutivo federal, y por tanto sugirieron dar paso a una nueva presidencia.
En su columna Serpientes y Escaleras de este martes, el columnista escribe que las diferencias que ya existían entre los bloques que conviven en la SCJN, entre los pro 4T, los que son calificados como anti 4T y los que se dicen “neutrales”, se están agudizando y tensionando ante la amenaza real de extinción que enfrenta el Poder Judicial de la Federación tal y como lo conocemos actualmente.
Revela que en la sesión privada del lunes entre los 11 ministros que integran el pleno, la reunión transcurría normal, revisando asuntos y temas pendientes, cuando la ministra Yasmín Esquivel Mossa puso sobre la mesa el tema de la falta de comunicación con los otros dos poderes, y culpó a la presidenta Norma Piña de ser la causante de que no hubiera diálogo político ni con la Presidencia de la República ni con el Poder Legislativo.
De acuerdo con fuentes de la Corte, a la queja de la ministra Esquivel se sumó solamente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena diciendo que debían analizarse opciones y decisiones que permitieran retomar los canales de comunicación con los otros poderes, que sólo existían de manera individual por parte de algunos ministros, pero no de manera institucional desde la Presidencia de la Corte.
García Soto refiere que la tensión se sintió en ese momento en el pleno, ante lo que, sin decirlo abiertamente, sugerían Esquivel y Ortiz Mena: que la responsable de que quisieran avasallar al Poder Judicial y desaparecer a los actuales ministros, magistrados y jueces, era la ministra presidenta, por lo que, sin expresarlo claramente, sugerían que se hiciera a un lado para dar paso a una nueva presidencia que pudiera retomar el diálogo político.
Ningún otro ministro o ministra secundó el argumento de los dos que habían abierto el tema, aun cuando algunos asentían con la cabeza pero, según las fuentes, no se atrevieron a hablar. Fue la propia Norma Piña la que tomó la palabra y encaró los señalamientos de sus compañeros que la acusaban de que por ella se había cancelado la comunicación y el diálogo político con el Ejecutivo y el Legislativo. La ministra dijo que sí había varios oficios e intentos hechos desde su oficina para entablar un diálogo tanto con la Presidencia, como con el Legislativo, pero que eso no era todo y que había otras motivaciones políticas de las que ella no iba a hablar.
Reconoció que ella sabía que podía ser removida, pero se dijo tranquila “porque yo estoy haciendo lo mío, lo que me corresponde”.
El columnista también reveló que la ministra Lenia Batres volvió a tocar el tema para hacer una especie de deslinde de los trascendidos que la ubican como parte de un bloque que busca remover a la actual presidenta y permanecer en la Corte como parte de un esquema gradual de aplicación de la reforma. Batres aclaró que ella sólo hablaba por ella misma y que no se trataba de “andar en intrigas palaciegas”; se quejó de que otros estaban usando su nombre y reiteró que sus posiciones personales sobre la reforma judicial sólo las expresa ella y nadie más. Fue en ese momento cuando intervino la ministra Margarita Ríos Farjat que se puso del lado de la ministra presidenta. Aseguró que Norma Piña llevaba meses sugiriendo varias estrategias sin que hubiera respuesta de otros ministros.
