La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
En diciembre de 2023 Rosalinda fue sentenciada a cinco años de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pena que compurga en el Centro Federal de Reinserción Social número “16 CPS Femenil en Morelos”.
En días pasados, la defensa de Valencia solicitó al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos el cese de la medida de prisión preventiva justificada impuesta en diciembre de 2021, y en audiencia de revisión de medida cautelar, el juez declaró infundada la petición de la defensa, resolviéndose que la imputada Rosalinda “G”, continuará en prisión.
Ante la decisión del juez, la defensa de González Valencia, encabezada por el abogado Víctor Beltrán González se inconformó por el fallo del Juez de Control de Xochitepec, Morelos Eduardo Antonio Velasco Treviño; a quien acusó de violar el debido proceso, tráfico de influencias y violación a las garantías individuales y derechos humanos de su cliente.
“En primer lugar, de forma ilegal el juez llevó acabo la diligencia a distancia – a través de circuito cerrado – cuando debió hacerlo presencialmente, ignoro los dictámenes médicos del padecimiento terminal que sufre la acusada y el tiempo en prisión para ser beneficiada por la ley de normas mínimas para sentenciados” indicó el litigante tras la conclusión de la audiencia.
Señaló que el impartidor de justicia incurrió en tráfico de influencias al corregirle en reiteradas ocasiones la diligencia al Ministerio Público, -a fin de que no la perdiera- ante el cúmulo de irregularidades en que incurrió y violaciones al debido proceso”
Beltrán González informó que presentó la queja del actuar de dicho juez ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y una denuncia penal en la FGR, ya que asegura la diligencia, es una muestra de lo que se espera con la Reforma Judicial, que permitirá a la fiscalía tener el control de los impartidores de justicia a pesar de los amparos interpuestos por violaciones al debido proceso y derechos legales y humanos que existen en la Constitución.
