Efecto Bukele se expande en Latinoamérica

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De acuerdo a una pieza periodística de EFE, la estrategia de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra el crimen organizado se ha convertido en un referente para varios países de Latinoamérica, que desde 2023 han propuesto construir al menos 16 megacárceles, en un intento por replicar un modelo que plantea interrogantes sobre su eficacia frente a las distintas formas de criminalidad y sus consecuencias para los derechos humanos.

La agencia noticiosa revela que la violencia y la expansión del crimen organizado explican parte del atractivo de esa estrategia que promete resultados rápidos frente a problemas de seguridad.

Sin embargo, su expansión también plantea dudas sobre qué se está replicando y si las medidas aplicadas contra las pandillas salvadoreñas pueden funcionar frente a redes criminales transnacionales.

«Bukele ofrece algo que pocos Gobiernos pueden mostrar: una caída drástica de la violencia en poco tiempo. Lo vende con una maquinaria de propaganda extraordinariamente eficaz, que muestra la megacárcel, deshumaniza a los detenidos y oculta los abusos. Por eso atrae incluso a países cuyos problemas criminales no se parecen en nada a los de El Salvador», explica a EFE Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

La pieza periodística de EFE sostiene que desde 2023 Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala han anunciado o iniciado proyectos de megacárceles. Sin embargo, muchas iniciativas siguen en fase de propuesta o construcción y funcionan más como gestos políticos que como cambios sustanciales de política pública, señala InSight Crime en su investigación ‘Mapa de las megacárceles de América Latina’.

Costa Rica inauguró recientemente el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño y con capacidad para 5 mil 100 reclusos.

En Ecuador, la Cárcel del Encuentro comenzó a recibir presos en noviembre de 2025 y el Gobierno de Daniel Noboa anunció otro centro para 15 mil reclusos.

Paraguay puso en funcionamiento el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, destinado a presos de alta seguridad y Argentina construye el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap), conocido como ‘El Infierno’.

La influencia del modelo también se refleja en las visitas al Cecot. El chileno José Antonio Kast recorrió las instalaciones días antes de asumir la Presidencia para «tomar ideas» que pudieran aplicarse en su país, aunque aclaró que no necesariamente replicaría el sistema de la misma manera. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, también visitó la prisión en octubre.

La magnitud de las detenciones también ha llevado al Gobierno a revisar su política de encarcelamiento.

Bukele reconoció que las autoridades han liberado a unas 8 mil personas capturadas bajo el régimen de excepción y en octubre anunció que estudiaba conceder libertad condicional a una parte de los más de 90 mil detenidos, una medida que podría alcanzar a cerca de la mitad.

La directora para las Américas de HRW advierte que «lo que se importa no es una cárcel, sino la idea de que los derechos son un obstáculo para la seguridad. Una vez que se acepta que se puede detener sin pruebas y condenar sin juicio, nadie está a salvo».

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