Ante la ola de violencia desatada en Guerrero y que ubica al Estado en el octavo más violento a nivel nacional, defensores de Derechos Humanos y organizaciones sociales exigieron la renuncia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, ante la presunción de nexos con grupos criminales.
Los guerrerenses afectados por el flagelo de la delincuencia, sostuvieron que la gobernadora de Guerrero debe destituir como Fiscal a la teniente coronel y la Fiscalía General de la República abrir una carpeta de investigación contra la colusión de la FGE con el narcotráfico.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en Guerrero se han registrado 442 homicidios dolosos de enero a abril de éste año y es el octavo estado más violento a nivel nacional, además de que los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala tuvieron un repunte en los asesinatos que se cometen en estos lugares,
Tan solo del del 1 al 8 de junio se registraron 29 homicidios dolosos en el estado y en el puerto de Acapulco han ocurrido 143 asesinatos de enero a abril este año, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del SNSP.
En ese contexto, las víctimas de la violencia desatada en Guerrero acusaron a la Fiscal de «tener un acuerdo con un grupo criminal de Sinaloa, mediante el cual está obligando a renunciar o abriendo capertas de investigación a todos los comandantes de la corporación y contratando elementos nuevos de afuera sin ningún conocimiento de la problematica, pero que traen la orden de no hacer nada porque van a meter a grupos criminales de otro estado».
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Abel Barrera Hernández calificó como una “mala señal” la designación de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), si se toma en cuenta que Guerrero es un estado históricamente agraviado por las fuerzas castrenses.
A su vez, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, declaró que “hay nexos entre el crimen organizado y la Policía Ministerial, pues hay casos que los han evidenciado» y responsabilizó a los agentes de la Policía de Investigación Ministerial de lo que le pueda suceder a él o a su familia.
Por su parte, el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, reveló que la gobernadora Evelyn Salgado y la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, saben quiénes generan la violencia en Chilpancingo, porque hasta se reúnen con ellos, declaró.
