La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, se consumó una de las mayores atrocidades del México moderno, 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron levantados, secuestrados, torturados y desaparecidos por un grupo criminal que, de acuerdo a las investigaciones oficiales, conto con la complicidad de autoridades municipales, federales y grupos de poder político. A nueve años de esta tragedia estos son los testimonios y avance del caso que no ha concluido.
Al cumplirse hoy nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) afirmó que los esfuerzos y avances del caso sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, “colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa”.
Lo anterior, luego de que en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de julio pasado, se menciona “la negativa» de algunas de estas corporaciones «de entregar toda la información disponible”.
Recientemente el Fiscal especial para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Rosendo Gómez informó que de las 64 órdenes de aprehensión que se han librado relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hasta ahora ya se han cumplimentado 33.
El 20 de agosto de 2022 las investigaciones del caso dieron un giro inesperado y terminaron por derrumbar la llamada “Verdad Histórica” que se fraguó en el sexenio pasado cuando la Fiscalía General de la República (FGR), detuvo y acuso al exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam, de desaparición forzada y tortura, toda vez que cuenta con evidencia que revela un conclave de funcionarios de alto nivel, entre los que se encontraban el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y Tomás Zerón de Lucio ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y quien se encuentra prófugo de la justicia.
Para entender un poco el caso Ayotzinapa debemos remontarnos a los hechos. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero un grupo de estudiantes llegó a bordo de varios autobuses a una manifestación en contra de la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda, ambos ahora presos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en especial con el cártel de narcotraficantes de los Beltrán Leyva.
Las investigaciones refieren que policías corruptos de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula tras un ataque que dejó seis muertos además de los 43 desaparecidos.
Derivado de estos hechos, se formó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante el sexenio pasado y la Comisión de la Verdad, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2020 fueron identificados los restos de Christian Alfonso Rodríguez, Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero y sin marcas de fuego, lo que derrumbó la verdad histórica. Además de Christian y Alfonso, las autoridades identificaron los restos de Alexander Mora en diciembre de 2014.
El pasado 18 de agosto la Comisión para la Verdad presentó un informe donde concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
El 19 de agosto fue detenido el exfiscal Jesús Murillo Karam, acusado por la Fiscalía de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la Justicia, y se busca la extradición de Israel de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, considerado uno de los autores clave de la “verdad histórica”.
Se han emitido orden de detención en contra de 20 mandos militares y otros cargos de los batallones de la ciudad de Iguala. Algunos de los detenidos ha sido el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabian Alejandro Pirita Ochoa.
Pese a que en un principio la autoridad detuvo a más de 100 personas la mayoría integrantes del cártel de Guerreros Unidos, policías federales y municipales, la mayoría fueron dejados en libertad por falta de pruebas y demostrase que su confesión fue a base de tortura.
