En cartas enviadas por la DEA y el ICE a la Fiscalía de Colombia se asegura que, de 2019 a 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México otorgó permisos para el “tránsito y/o destino” de 5.4 toneladas de cocaína y 5 millones de dólares de procedencia ilícita para realizar transacciones; el objetivo era desmantelar estructuras del narcotráfico internacional. Esta es una nueva entrega del proyecto #NarcoFiles.
Esta investigación fue publicada este día en un artículo que forma parte de #NARCOFILES: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten.
El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con EL UNIVERSAL y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.
En el primer caso el agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá envió una carta por correo electrónico al director de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Era 16 de diciembre de 2020. Dos meses atrás había solicitado el uso de agentes encubiertos para realizar una entrega controlada de cocaína, pero hubo un abrupto cambio de planes con base en nueva información de inteligencia. A la operación se agregaría México como país de tránsito rumbo a los Estados Unidos. Incluía el permiso de transporte de hasta 200 kilos de coca, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetamina y 20 kilos de alguna otra sustancia sintética ilegal no especificada. También la utilización de hasta 2 millones de dólares para pagos y transacciones.
El membrete de la misiva anunciaba a la División Criminal del Departamento de Justicia, y la solicitante directa era la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.
En la carta también pidieron permiso y apoyo para realizar vigilancias y seguimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptación de teléfonos de los criminales para obtener evidencia que en el futuro les pudiera ayudar a nuevas capturas y extradiciones.
La comunicación cerró con la certeza de que la diplomacia mexicana ya estaba enterada y aprobaba el eventual cruce de drogas por su territorio.
“El gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia DEA, ha comunicado el origen y propósito de esta operación a las autoridades apropiadas de México, específicamente la Policía Nacional de México, a través de canales diplomáticos en México. Con esta solicitud la DEA afirma que esta operación ha sido autorizada en México”, se lee textual en la carta del gobierno de los Estados Unidos enviada a la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Al día siguiente, a las 10 de la mañana del 17 de diciembre de 2020, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la fiscalía colombiana llenó el formato que se necesitaba para aceptar el trabajo de agentes encubiertos y entregas controladas de drogas.
El caso 2 dado a conocer este jueves fue el del 10 de noviembre de 2020, la DEA oficina de Nueva York, entregó información a la fiscalía colombiana junto con la solicitud de iniciar una nueva operación encubierta y entrega controlada de droga y dinero.
El requerimiento de los Estados Unidos fue autorizado dos meses después.
En el oficio, las cantidades de droga y dinero se repetían: hasta 2 millones de dólares, 200 kilos de cocaína, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetaminas y 20 kilos de cualquier otra droga sintética ilegal.
Se explicó que la DEA había identificado a una organización criminal internacional dedicada a la producción, compra, transporte y envío de sustancias estupefacientes de Colombia a los Estados Unidos, México, España y Países Bajos; que estaban lavando dinero a través de la técnica de pitufeo y que su líder operativo era un corredor de bolsa en Cali, Colombia.
La agencia antidrogas estadounidense aseguró que sus infiltrados ya habían logrado ganarse la confianza de la estructura criminal e incluso ya habían descifrado el modelo de blanqueo de capitales.
Sabían, y así lo asentaron, que uno de los compromisos que el crimen les pediría a los agentes encubiertos de Estados Unidos y Colombia era que ellos realizaran el transporte de estupefacientes, de Colombia a Estados Unidos, México, España y Países Bajos.
El caso tres esta vez no fue la DEA la encargada directa del operativo antidroga, sino el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés). La agencia no sólo se dedica a temas migratorios, también abarca operaciones como el combate al tráfico de drogas ilegales, particularmente a través de una de sus direcciones generales: la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, (HSI, por sus siglas en inglés).
El 14 de julio de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Embajada de Bogotá, solicitó a la Fiscalía que autorizara un par de agentes encubiertos para efectuar una entrega controlada de droga. La solicitud venía de la HSI/ICE.
Para que la investigación iniciara, la estructura criminal tuvo que cometer un primer error: sin saber su identidad, contactó a un elemento de la HSI infiltrado en Colombia para que le ayudara a transportar la droga. Una vez expuesta la necesidad de parte de la estructura criminal, el agente encubierto de la HSI y del gobierno colombiano planearon la ruta: primero la droga se transportaría vía terrestre por el interior del país en patrullas de la propia Policía Nacional; después se usarían barcos para el viaje marítimo a otras naciones.
“Uno de los agentes encubiertos presentará a los otros agentes como personas de confianza para generar confianza con los miembros de la organización, y con posterioridad sostendrán reuniones y/o recogerán el alijo estupefaciente o dinero de procedencia ilícita”, se lee.
Una vez que el cargamento llegue al país de destino, las autoridades de esa nación, en coordinación con la de Estados Unidos, deberán confirmar que los integrantes de la organización recibieron la sustancia estupefaciente.
“Con esta solicitud, la agencia ICE afirma que esta operación ha sido autorizada en Paraguay, Bolivia, Brasil, Honduras, República Dominicana, Bahamas, España y México”, se destaca.
