La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dio a conocer su informe sobre precursores y sustancias químicas frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 2023, donde advierte que los mercados de drogas ilícitas están cambiando rápidamente, puesto que las drogas sintéticas están sustituyendo a las de origen vegetal en cuanto a fabricación, tráfico, comercialización y consumo ilícitos.
A lo largo del informe conformado por 106 páginas, la junta pone como ejemplo lo que ocurre con el uso y abuso de fentanilo en América del Norte, el tráfico y el uso indebido de tramadol en África, los altos niveles de consumo de metanfetamina en Asia Sudoriental, el aumento de la disponibilidad y del uso de catinonas sintéticas, así como el tráfico de ketamina.
“En este contexto, los fabricantes de drogas ilícitas han ampliado considerablemente sus opciones para abastecerse de las sustancias químicas que utilizan, ya que cada vez se utilizan más preprecursores o precursores fabricados a medida con el fin de eludir los controles. Además de buscar oportunidades para reemplazar los precursores fiscalizados por otros no fiscalizados, la industria de las drogas ilícitas también se aprovecha de las lagunas de los mercados lícitos para recuperar precursores de productos no fiscalizados que quedan fuera del ámbito de la fiscalización prevista en la Convención de 1988”, refiere.
En el caso de México, hace hincapié que modificó su Ley Federal para el Control de
Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. La modificación entró en vigor el 4 de mayo de 2023 y con ella, entre otras cosas, se establecieron penas de prisión de entre 10 y 15 años por la desviación o la utilización de precursores en la fabricación ilícita de drogas, en relación con lo cual constituye una circunstancia agravante la pertenencia al funcionariado público.
La Junta reitera la necesidad de que los Gobiernos establezcan mecanismos adecuados para prevenir la desviación de preparados que contienen sustancias químicas, en particular los que contienen efedrina y seudoefedrina, y para fiscalizarlos del mismo modo que esas sustancias.
Advierte a los gobiernos de Australia, la India, Malasia y Nueva Zelandia a que investiguen conjuntamente tanto las rutas afianzadas como las nuevas rutas utilizadas para el tráfico de efedrinas a Oceanía y desmantelen las redes delictivas involucradas.
Con respecto al ácido fenilacético, las cantidades incautadas y el número de países que notifican incautaciones han fluctuado considerablemente con los años, pero solo se han practicado incautaciones grandes en unos pocos países. En 2022, las incautaciones, realizadas en su mayor parte en México, se situaron en aproximadamente 600 kg.
La JIFE alienta a los Gobiernos afectados a que continúen reuniendo pruebas de que realmente se utiliza cianuro de sodio en la fabricación ilícita de metanfetamina. Además, puesto que el cianuro de sodio se comercializa y utiliza con fines legítimos, la Junta invita a los Gobiernos de los países que exportan cianuro de sodio a que utilicen voluntariamente el sistema PEN Online Light de la Junta para notificar a las autoridades de los países importadores toda remesa prevista de esa sustancia química, a fin de determinar los patrones que sigue el comercio lícito y detectar cualquier irregularidad.
Por otra parte, da a conocer que México y Estados Unidos fueron los únicos países que notificaron un volumen notable de incautación de precursores del fentanilo sujetos a fiscalización internacional.
Dada la escasez general de información sobre los precursores del fentanilo y sus análogos, las incautaciones efectuadas en 2022 podrían ser un indicio de que los traficantes han diversificado sus actividades adentrándose en la fabricación ilícita de más productos finales con fentanilo.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien[1]tes (JIFE) es un órgano de fiscalización independiente y cuasijudicial, establecido por un tratado, que se encarga de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.
En el informe la Junta alienta también una mayor cooperación internacional, habida cuenta de que la mayoría de las investigaciones de ciberdelitos son de índole transfronteriza. La Junta alienta además a los Gobiernos a que reúnan a expertos en ciberdelincuen[1]cia y herramientas de inteligencia de fuentes abiertas que hay en la mayoría de los países, por un lado, y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que participan en la investigación de casos de precursores y equipo, por el otro, para que los unos puedan beneficiarse de la experiencia de los otros.
