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El Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), sostiene que el sector pesquero de aguas interiores y marinas se encuentra abandonado y su futuro va a pique, porque al menos 50% de la pesca en México es irregular y gran cantidad de pescadores son obligados a trabajar para los cárteles, ante la ineficacia de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.
Alejandro Desfassiaux, Presidente de GMSI, señala que el último informe Tráfico ilegal de especies en México del Instituto Brookings, gran cantidad de pescadores en México son forzados a trabajar para el Cartel de Sinaloa o el CJNG, para abastecer la enorme demanda de China de especies como el pepino de mar o la totoaba, codiciada porque su vejiga natatoria se vende en miles de dólares en el mercado asiático.
A cambio, refiere el estudio, la paga es con precursores químicos para elaborar metanfetaminas, fentanilo y opioides sintéticos, con lo que se evaden las regulaciones bancarias contra el lavado de dinero.
Mientras que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos prohibió recientemente a todas las embarcaciones pesqueras mexicanas en el Golfo de México ingresar a los puertos estadounidenses. Esta medida se impuso tras detectar que muchas de ellas realizan actividades de pesca ilegal en aguas estadounidenses y capturan peces de gran valor para el sector como el huachinango. De igual forma, se detectó la captura de tortugas marinas, las cuales se encuentran en peligro de extinción.
Si bien se han coordinado operativos quirúrgicos importantes que le están asestado golpes críticos al crimen organizado, como el reciente en la central de abastos de Iztapalapa, donde elementos de la Guardia Nacional aseguraron un tráiler cargado con cerca de 800 kilos de carne de tiburón en plena veda de este producto, o como la ejecución del proyecto “sembrando bloques de concreto” de la Secretaría de Marina, anunciado esta semana para desincentivar el tendido de redes de enmalle y combatir la pesca ilegal de la vaquita marina, no son suficientes para poner fin a este flagelo, explicó el experto en seguridad.
Además de robarles, secuestrarles y extorsionarles, los criminales obligan a pescadores a llevar un control de los volúmenes y especies capturadas, para que éstos calculen el pago de la cuota. Más de 250 mil pescadores padecen esta modalidad de extorsión, que se ha vuelto tan grave que los propios extorsionadores se han convertido en los únicos compradores y comercializadores de los productos marinos, previo “descuento” del derecho de mar.
El cobro por derecho de mar, afirmó el presidente de GMSI, se ha incrementado desde que la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) abandonó la labor de inspección y vigilancia de la pesca en aguas nacionales. Este abandono permitió el incremento de la pesca ilegal en el país y que el crimen organizado ocupe funciones regulatorias del Estado.
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