El partido Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma a las leyes Federal de Protección al Consumidor y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para que clientes de bancos o empresas no sean objeto de insistentes llamadas para ofrecer servicios o con fines de publicidad, sin su consentimiento expreso.
El proyecto fue presentado por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien reveló que en nuestro país los usuarios de servicios de telefonía enfrentan un nivel alarmante de exposición a llamadas no solicitadas con fines publicitarios o mercadotécnicos, con un promedio de 24 al mes eso es comunicaciones no deseadas, que incluyen principalmente publicidad no solicitada, fraudes, llamadas automatizados u otros intentos de contratos intrusivos.
La iniciativa señala que el 54 por ciento de las llamadas de números no registrados en la agenda de los usuarios corresponden a spam, esto es más de la mitad son de carácter publicitario.
Es por ello que México ocupa el tercer lugar en América en volumen de llamadas consideradas spam, después de Brasil y Chile, pero la proporción nacional es particularmente preocupante, porque mientras en otras naciones representan menos de la mitad, aquí superan ampliamente ese umbral.
Estas estadísticas, plantea, revelan la ineficacia de los mecanismos de control y filtrado de ese tipo de llamadas en general, y de las de publicidad en particular, así como la falta de disposiciones normativas que regulan las condiciones en que puedan realizarse las comunicaciones comerciales o publicitarias.
Datos oficiales de 2007 a 2023 se inscribieron 3.7 millones de números en el primer registro, que ya suma 5.3 millones, pero también se recibieron 10 mil 1 denuncias de consumidores que continuaron recibiendo comunicaciones no deseadas.
En ese sentido, la reforma plantea que el tratamiento de la información de consumidores con fines mercadotécnicos, así como el envío de publicidad mediante llamadas requerirá el consentimiento expreso previo y verificable.
También se busca prohibir que los proveedores de servicios puedan utilizar, compartir, transferir o tratar datos personales de los consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios sin autorización expresa, orden judicial o mandato fundado.
Además, obligar a las empresas y bancos a contar con mecanismos que permitan el bloqueo, cancelación o revocación para recibir comunicaciones.
De esta manera, se propone prohibir a los proveedores y empresas de mercadotecnia o publicidad “realizar comunicaciones o enviar publicidad a los consumidores que no hayan otorgado su consentimiento previo, libre, informado, expreso y verificable”.
