De 2023 al 2024, el número de personas desplazadas internas en el país casi se duplicó, según datos del informe “Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2024”, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
La Ciudad de México y urbes como Tijuana, se han convertido en destinos para personas migrantes y para quienes huyen de violencia en sus comunidades de origen. El mismo informe documenta que estas ciudades también reciben a personas en situación de desplazamiento interno forzado que salen de otros estados en busca de seguridad.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que la principal causa del desplazamiento es la violencia generada por el crimen organizado, seguida de fenómenos naturales. Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indican que, en 2024, al menos 28,000 personas se desplazaron de sus hogares debido a las estructuras criminales.
Sin embargo, el crimen organizado no es la única causa. En su informe tras la visita a México en junio del 2023, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary, documentó casos vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón de género, feminicidios, homicidios, reclutamiento forzado y extorsiones.
Alma Cosette Guadarrama Muñoz, doctora en Derecho por la Universidad La Salle, explica que el sexilio ocurre cuando la negación del derecho al libre desarrollo de la personalidad obliga a las personas a trasladarse hacia entidades donde perciben mayor protección institucional.
Guadarrama, quien en 2025 llevó a cabo el proyecto “Los invisibles de la migración en México: los desafíos jurídicos de la comunidad LGBTI+ en Ciudad Ixtepec, Oaxaca”, añade que “teóricamente se habla de sexilio porque se ven obligados a irse aún cuando incluso ellos ni siquiera identifican que están siendo forzados a moverse”.
En México no existe una ley federal específica sobre desplazamiento forzado interno. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), encargado de proteger y asistir a las personas desplazadas internas desde 1971, comenzó a trabajar el tema en nuestro país a partir de 2019 por petición de las autoridades federales que buscaban mejorar la respuesta ante la población desplazada.
Alberto Baltazar, encargado del área de datos y registros de desplazamiento interno del ACNUR, reconoce que hacer registros sobre desplazamiento es complicado, pero no imposible. “Hay posibilidades de que las instituciones, en el marco de los servicios que brindan, pudiesen, por ejemplo, tener una pregunta para identificar el historial de desplazamiento de las personas”. Es importante tener datos con estas especificaciones porque “permite identificar perfiles y necesidades, y así definir cuáles son las responsabilidades y las mejores alternativas para responder desde una institución”, explica.
Actualmente, Casa Frida ofrece alojamiento y un plan integral de atención para que las personas recuperen su autonomía. Entre sus servicios se incluyen acompañamiento psicológico, asesoría legal, educación financiera, apoyo en la búsqueda de empleo e inserción laboral, además de planes personalizados que facilitan la estancia o movilidad de quienes llegan.
En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por el INEGI en 2024, Guerrero se posicionó como el segundo estado más pobre del país.
Además, en la década estudiada por la EMAF, el 17.55% de las desapariciones registradas en Guerrero fueron de mujeres, principalmente en zonas urbanas: Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Tal es el caso de Azucena, desaparecida por la familia de su expareja en 2012, diez años antes de que desaparecieran a su prima Mercedes. Azucena había sido forzada a vivir en la casa de su ex y sus suegros bajo la amenaza de que si no lo hacía, le quitarían a su hija. Ahí vivió insultos, golpes, castigos y hasta amenazas de muerte por parte de su expareja y de su suegro, quien era mando de la policía. También le restringían la comida y la mantenían incomunicada.
Cuando pudo salir de ahí, antes de que la desaparecieran, le contó a Guadalupe, su madre, que a veces escuchaba gritos y llanto provenientes del sótano de la casa. Además, de acuerdo al testimonio de Guadalupe en el informe del EMAF, se sabía que en aquella casa entraban niñas y jóvenes que algunas veces no salían. Estos datos, de acuerdo al informe, no fueron considerados para comenzar una investigación formal por el delito de trata.
Texto publicado en Corriente Alterna por Fernanda Gálvez
Fotografías de Fernanda Gálvez
