La elección popular de los jueces se ha vendido como un logro democrático sin precedentes, porque será “el pueblo”, y no “las élites”, quien los elija. A primera vista, el argumento, parece atractivo, y lo seguirá siendo para todo aquel que no quiera pensar o para quien obtenga un mezquino beneficio personal; sin embargo, se trata, como el amor en La Celestina, de un sabroso veneno. Merece la pena destacar tres grandes errores en este argumento que, además de simple, es malo.
El primer error consiste en no dimensionar adecuadamente la función jurisdiccional del Estado. Hagamos un esfuerzo mínimo para recordar que antes de la revolución francesa, los jueces hacían justicia en nombre del rey, no sólo en Francia, sino en todo el mundo. El gran cambio, hijo el pensamiento ilustrado, fue la división de poderes. Así, la función judicial se separó de la legislativa y de la ejecutiva, no sólo como una cuestión orgánica (de mera división de tareas), sino con características cualitativamente distintas e, incluso, opuestas. Los incondicionales del régimen o no se dan cuenta o fingen demencia al no entender que la singularidad del poder judicial no tiene que ver con ideologías, ni partidos, ni derecha, ni izquierda, ni buenos y malos.
El segundo error radica en creer que hacer justicia en nombre de la soberanía es lo mismo que “en nombre del pueblo”. El populismo es un viejo caballo de batalla que se ha usado una y otra vez contra la democracia, paradójicamente, en nombre de ella. Líderes con carisma malsano han sabido recoger el rencor de la gente, sus frustraciones y querellas para construir una plataforma de promesas de redención en la cual encaramarse. Cuando la nube populista se disipa, la triste realidad es que los únicos que consiguieron beneficio fueron los líderes. Es lo suyo de los populistas, pero no de los jueces.
El tercer error es confundir la democracia con las elecciones. El argumento aparentemente democrático de la elección popular de jueces y magistrados hace agua por todos lados. Además de simplista, es absurdo asumir que, si un funcionario no es electo, entonces su función no es democrática. La función judicial contiene un ingrediente normativo de todo punto incompatible con la idea de representación, propia de los puestos de elección popular: el deber de independencia. Los jueces tienen la obligación jurídica y también moral de no ejercer la jurisdicción de forma parcial, o velando por los intereses políticos o económicos de alguien en particular. Independiente es el juez que resuelve sólo desde el derecho. Por ello, genera suspicacia el débito natural que contraerán los nuevos jueces con la elección. Si bien los viejos jueces no eran electos popularmente, tenían más posibilidad de ser genuinamente independientes que los nuevos. Si la democracia ideal, entendida bajo la mirada de Bobbio, es la justa medida entre la libertad y la igualdad, entonces el juez más propicio para pretender alcanzarla sería el independiente, el desinteresado, el imparcial. El otro, el nombrado por las cúpulas en una farsa electoral como la que se viene será, sin duda alguna, un juez menos democrático.
La persona que ideó el veneno de la elección de los jueces, es decir, López Obrador, no sólo terminará de aniquilar la débil democracia mexicana, sino que lo hará de forma ruin, porque el veneno, cuando es sabroso, no sólo es fatal sino también funesto.
Texto retomado de Nexos, escrito por Roberto Lara Chagoyán, profesor del Tecnológico de Monterrey.
