En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones, redes y colectivos de derechos humanos y personas defensoras, informaron que se han registrado al menos seis periodistas y 14 personas defensoras asesinadas por su labor.
A ello se suma la creciente criminalización del periodismo mediante figuras como ciberasedio o delitos contra el honor en estados como Puebla y Michoacán. Además, leyes recientes —como la de Inteligencia en Seguridad Pública y la Ley General contra la Extorsión— contemplan tipos penales amplios que pueden someter a escrutinio la difusión de información y el uso de medios digitales, poniendo en riesgo la libertad de expresión.
En materia de desaparición forzada, aunque ha habido algunas iniciativas legislativas, estos avances siguen siendo insuficientes frente a la magnitud y la gravedad de esta violación de lesa humanidad. Miles de familias continúan buscando verdad y justicia sin una política de Estado que responda de manera integral, coordinada y con enfoque de derechos.
Al 30 de septiembre de 2025, el Registro Nacional contabilizaba 132,081 personas desaparecidas y no localizadas desde que comenzó el conteo: 102,447 hombres (77.56 %), 29,222 mujeres (22.12 %) y 412 personas no identificadas (0.31 %). Solo en septiembre de 2025 desaparecieron 1,406 personas, un promedio de 45 desapariciones por día, lo que evidencia la profundidad y persistencia de la crisis.
A esto se suma la crisis de identificación forense con más de 72 mil restos sin identificar a la fecha. Aunado a la falta de políticas de prevención en todo el país.
En este contexto, las mujeres buscadoras continúan realizando, en condiciones sumamente precarias, tareas que corresponden al Estado: buscar, documentar, excavar, recuperar restos humanos y exigir verdad y justicia, asumiendo riesgos que afectan su vida, salud física y emocional, así como sus proyectos de vida. Al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinadas —cinco de ellas en 2025—, la mayoría mujeres.
Asimismo, sigue pendiente una regulación sólida en materia de empresas y derechos humanos, necesaria para prevenir los impactos de actividades extractivas y megaproyectos en el ambiente, las comunidades y los territorios. Esto es especialmente preocupante ante el impulso a nuevas inversiones mediante el Plan México, que no fue consultado con las comunidades ni con personas defensoras y promueve polos de desarrollo y parques industriales que afectan derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En relación con las mujeres, hasta septiembre de 2025 se registraron 513 feminicidios, 1,607 homicidios dolosos de mujeres y 2,901 mujeres desaparecidas, lo que evidencia la persistencia de violencias graves. Esta crisis se agrava por la impunidad, la falta de investigaciones con perspectiva de género y la ausencia de políticas de prevención integrales y coordinadas. Si bien se reconocen avances como la creación de la Secretaría de las Mujeres y la política de cuidados, estos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a la violencia sistemática que enfrentan mujeres, adolescentes y niñas.
