El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) impulsa iniciativa para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, establezcan, coordinen e implementen protocolos integrales, permanentes y articulados para la prevención, detección, atención, investigación y erradicación del reclutamiento, utilización e instrumentalización de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada.
La propuesta de reformas a las leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Orgánica de la Administración Pública Federal, plantea que dichos mecanismos deberán operar bajo un enfoque de derechos de la niñez, así como de coordinación interinstitucional, e incluir sistemas de identificación y alerta temprana de riesgos en entornos comunitarios, escolares y digitales; protocolos homologados de actuación para autoridades de seguridad, procuración de justicia, educación, salud y asistencia social.
También, medidas especializadas de protección, atención integral y restitución de derechos para víctimas; estrategias de desarticulación de redes de reclutamiento, incluyendo acciones de inteligencia, investigación y persecución penal; esquemas de coordinación interinstitucional y concurrencia entre órdenes de gobierno, así como con organismos autónomos y, en su caso, con la sociedad civil, y mecanismos de protección a testigos y víctimas.
Además, la Federación, a través de las instancias competentes, emitirá los lineamientos generales para la implementación de estos mecanismos, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades federativas.
El financiamiento de dichos protocolos provendrá prioritariamente de los recursos que deriven de la extinción de dominio, decomiso o aseguramiento de bienes vinculados a la delincuencia organizada, en términos de la legislación aplicable.
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y por la UNICEF, al menos 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones criminales. Esa cifra constituye una señal de alerta sobre la existencia de un amplio sector de la población infantil y adolescente cuyas condiciones de vida limitan el pleno ejercicio de sus derechos y obstaculizan su desarrollo integral, refiere.
Indica que entre 2023 y 2024 el número de adolescentes privados de la libertad por delitos asociados a la delincuencia organizada aumentó un 20.6 por ciento, pasando de 899 a mil 84 casos, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI, y los estados de alto riesgo incluyen Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Sonora y Guerrero, en donde distintas organizaciones criminales aprovechan la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades.
