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El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), urgió al Congreso a expedir la Ley General de Seguridad Privada, a fin de evitar que algunas empresas “patito” sean un engranaje más en la operación de los grupos delictivos del país.
Loa anterior luego que se diera a conocer que hay empresas de seguridad privada irregulares que son utilizadas por parte del crimen organizado para cometer extorsiones, secuestros, halconeo e incluso para reclutar sicarios.
“Hoy las empresas deben estar 100% identificables y regularizadas, cumplir con los permisos tanto federales como estatales para saber a quiénes se les está prestando este tipo de servicios, quién está conduciendo los vehículos blindados, quién está trasladando valores; para evitar esa porosidad donde la delincuencia organizada puede acceder a servicios de seguridad privada”, explicó el Presidente del CNSP, Raúl Sapién Santos.
Agregó que regularizar este tipo de servicios reduciría el impacto que el crimen organizado pueda generarle al sector y a la sociedad, además de que con ello no se infringe la privacidad y el derecho a la propiedad, ya que existen leyes especializadas, por ejemplo, respecto al manejo de traslado de valores que emite incluso la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en donde están obligados a reportar actividades vulnerables.
“Vamos a poner un ejemplo, un notario no vulnera la privacidad en una compra-venta, pero está obligado a reportar justamente esas operaciones, por considerarse un sector vulnerable. De igual modo ocurre con el traslado de valores y la comercialización de vehículos blindados”, detalló.
Sapién Santos destacó que la Ley General de Seguridad Privada permitiría que las empresas del ramo ofrezcan no solo servicios de mayor calidad, sino mejores condiciones para el personal que labora en ellas.
Explicó que por la pandemia del Covid-19, esta ley se retrasó en la agenda de los legisladores, pero confió en que a partir de septiembre próximo podría retomarse su análisis y de ser posible se votaría para su aplicación, a favor de la creación de un marco jurídico y legal para la operación de empresas de seguridad privada.
