El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeños y la Empresa Familiar (CONCOMERCIO), pidió a los comerciantes a que no caigan en la tentación de vender productos robados o de contrabando, como los cigarros, pues esa actividad podría implicar graves consecuencias ante la autoridad, que podrían ir desde sanciones económicas, suspensión temporal del negocio y hasta la pérdida de su patrimonio.
Por ello, el dirigente de la organización, Gerardo Cleto López Becerra, pidió a los encargados y dueños de comercios y demás negocios a no adquirir para su venta productos de procedencia dudosa o ilegal, aun y cuando, en apariencia, podría resultar un negocio con amplio margen de ganancia.
En ese sentido, el empresario recordó que, adicional a los vinos, licores, abarrotes y artículos de limpieza, los cigarros son de los artículos que suele robar el crimen organizado para venderlos a través de diversos canales de distribución, como pueden ser el ambulantaje, tianguis e incluso Centrales de Abasto y hasta comercios bien establecidos, como tiendas de abarrotes.
De acuerdo con el estudio “Consumo Ilegal de Cigarros en México”, elaborado por la firma Oxford
Economics, cerca del 20 por ciento de los cigarros que se venden en México son de procedencia ilícita, es decir, puede ser producto del contrabando, robo o sin código de seguridad, lo que implica un muy alto riesgo para quien los vende y los consume.
Gerardo López Becerra advirtió que vender cigarros ilegales, ya sea robados o de contrabando, pueden implicar diversas consecuencias tanto económicas, legales y hasta de salud, pues se desconoce la auténtica composición de dichos productos, por lo que, si un consumidor padece algún problema de salud tras fumar un cigarro que adquirió en un comercio establecido, el comerciante podría ser responsable por vender ese producto y por no demostrar con documentos como adquirió las cajetillas.
Refirió que apenas el pasado 31 de octubre, el diputado priísta, José Francisco Yunes Zorilla, presentó al Congreso de la Unión una propuesta para proteger al comercio legal y aumentar las sanciones económicas en contra de quienes almacenen, vendan, enajenen o distribuyan
cigarros ilegales, ya sea de contrabando, sin código de seguridad o robados.
Asimismo, Gerardo López Becerra dijo que otra grave consecuencia son los problemas que se tendrían con la autoridad tanto de índole fiscal como penal, pues los comerciantes o encargados de los negocios que vendan ese tipo de productos ilegales se convierten en un eslabón más de la cadena del crimen organizado, por lo que su patrimonio podría estar en riesgo.
De acuerdo con el estudio de Oxford Economics, el mercado ilegal de cigarros en el país constituye una pérdida en la recaudación del gobierno por más de 13 mil 500 millones de pesos.