Menores con discapacidad tienen derecho a recibir programas sociales, sin importar que estén en escuelas privadas

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Las niñas y los niños con discapacidad auditiva tienen derecho a recibir los apoyos económicos  que otorga el Gobierno de la Ciudad de México sin importar que estén inscritos en una escuela

privada, pues las leyes y reglamentos que condicionan su entrega a formar parte de una escuela

pública son restrictivos y ya han sido declarados inconstitucionales.

Se trata del Caso de una niña que nació con discapacidad  auditiva y que fue discriminada por las autoridades encargadas de la entrega de útiles y uniformes escolares a la población estudiantil en la capital del país.

El padre de la niña mencionó que ella se comunica a través de la Lengua de Señas Mexicana. Narró que, junto con otros padres de familia, con hijas e hijos en la misma situación, todos asistentes a una escuela privada que utiliza el modelo bilingüe cultural realizaron los trámites para solicitar los apoyos gubernamentales, pero recibieron una respuesta negativa, debido a que las disposiciones normativas que regulan estos programas sociales los limitan a estudiantes de escuelas públicas.

Con el apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) promovieron un juicio de amparo

en contra de tres leyes que rigen la entrega de estos programas sociales, las cuales fueron  declaradas inconstitucionales.

Julio Salgado Cano, asesor jurídico federal, quien acompañó a esta familia, lamentó que en

México se tenga que recurrir a medios legales y acudir a instancias jurisdiccionales para que las  personas más desprotegidas puedan acceder a sus derechos, a pesar de que, en el caso de

personas con discapacidad, la autoridad debiera hacer los ajustes razonables y tomar acciones

afirmativas por iniciativa propia.

A pesar de que el juicio se ganó y el juez ordenó a la autoridad entregar los apoyos económicos,

educativos y psicológicos a la niña, esto no ocurrió de manera automática, por lo que se

promovió un segundo recurso para garantizar que la sentencia se cumpla.

Lo importante del caso, refieren los involucrados, es que se estableció un precedente para que,

si otra persona llega a plantear un nuevo juicio por motivos similares, utilicen el caso de esta

niña para ayudarse y apoyar su demanda.

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