El exmilitar Manuel Roberto Farías Laguna utilizaba su influencia sobre nombramientos y ascensos dentro de la Marina y las aduanas para favorecer una red de contrabando de combustible, además tenía acceso a expedientes y documentos clasificados de seguridad nacional, según informó la fiscal general Ernestina Godoy.
En un mensaje la fiscal agrego que Farías Laguna y su hermano Fernando, conocidos como ‘Los Primos’, destacaban dentro de la estructura criminal dedicada a importar, trasladar, almacenar y distribuir combustible ingresado ilegalmente al país.
Detalló que ambos hermanos intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina. «Roberto ‘N’, en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y promociones», afirmó Godoy.
Lo anterior luego que se encontró en una bodega arrendada por Roberto ‘N’ en Ciudad de México, objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial, y armas sin registro. El hallazgo refuerza la hipótesis de que el exmilitar tenía un manejo privilegiado de información sensible.
Roberto Farías Laguna, quien se desempeñó como vicealmirante, fue detenido en septiembre de 2025 y permanece en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Su hermano Fernando, contralmirante, fue capturado en Argentina en abril de 2026 y trasladado a México en agosto, cuando ingresó al mismo penal.
La fiscala dijo que las indagatorias comenzaron en 2024 y que uno de sus primeros avances fue el decomiso, en marzo de 2025, de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Según la fiscal, detrás de esa operación no había un contrabandista aislado, sino una red compleja que garantizaba capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del combustible ilegal.
Se detecto que servidores públicos y agentes aduanales estaban coludidos y recibían pagos por cada embarque que dejaban pasar sin revisión. Las pesquisas han permitido identificar operaciones de la misma red en Tamaulipas, Baja California, Sonora, Colima y Ciudad de México.
