El encargado del despacho de la fiscalía capitalina Ulises Lara fijo su postura respecto a lo ocurrido la noche de ayer cuando intervino para evitar que agentes de la procuraduría de Chihuahua detuvieran al exgobernador de esta entidad, Javier Corran en una restaurante de la Ciudad de México.
Dijo que no se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado. Cumplimos estrictamente la Ley como nos fue conferido.
“La aprehensión de una persona, sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento, constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso, lo que hubiera resultado, en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del estado de Chihuahua”, enfatizó.
Lara acoto que todas estas acciones fueron realizadas bajo las atribuciones legales que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y demás normatividad, y, en cualquier caso, con la finalidad de esclarecer los hechos, cuidar el debido proceso, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
Recalco que las videograbaciones, que dolosamente fueron difundidas con la finalidad de generar desinformación y confusión, ninguna fue grabada ni exhibida por personal de esta institución.
Recordó que Corral le hablo para decirle que personas armadas que dijeron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de aquel estado, ingresaron al establecimiento con la finalidad de privarlo de su libertad bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial.
“Ante dicha denuncia telefónica, en mi calidad de servidor público que representa los intereses de la ciudadanía, a través de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, decidí corroborar con el Jefe General de la Policía de Investigación de esta Fiscalía, si agentes nuestros acompañaban dicha diligencia”, explicó.
Menciona que el oficio de colaboración que recibió por parte de la procuraduría de Chihuahua fue recibido por la Dirección General de Atención y de Cumplimientos de Ordenamientos Judiciales a las 20:16 horas, es decir, solo unos minutos antes de que se buscara ejecutar el mandamiento judicial, por lo que aún se encontraba en proceso de atención, sin una respuesta oficial.
De tal forma que es fundamental reiterar que el personal ministerial del Estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción.
Solo se trataba de un documento interno que bajo ninguna circunstancia les faculta a irrumpir en una entidad foránea y con ello violentar su soberanía, y mucho menos a cumplimentar un mandamiento judicial.
