El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, advirtiendo la conducta dilatoria en que ha incurrido para resolver un expediente de evasión fiscal por 35 mil millones de pesos, lo que a su parecer constituye una acción legal de protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obcecadamente han faltado a sus obligaciones contributivas por décadas.
El documento que fue enviado a la SCJN por conducto de la Consejería Jurídica y la Secretaria de Gobernación, se subraya que este tipo de omisiones se amparan en “el intrincado andamiaje y actuar del Poder Judicial y es violatoria del artículo 17 constitucional”.
En su tradicional conferencia mañanera, el titular del ejecutivo federal recordó que la corte demoró más de meses para presentar su proyecto, asuntos sobre los cuales finalmente se resolvió que no reunían los requisitos para ser resueltos por la SCJN por lo que se remitieron al tribunal colegiado de origen.
“A la fecha, el área de trámite a su cargo ha sido omisa en resolver lo conducente”. Mencionan expresamente que los amparos directos en revisión 5654/2024 y 6321/2024 “son asuntos que corresponden a créditos a favor del Fisco Federal por omisiones en las contribuciones de los ejercicios fiscales 2006 y 2013 sobre los que han transcurrido más de 16 y 11 años en litigio respectivamente”.
El documento enfatiza en que se han cursado todas las instancias legales que incluyen la resolución por los Tribunales Colegiados de Circuito a favor del Estado por un monto que asciende a más de 35 mil millones de pesos, recursos a los que la Federación y el pueblo de México tienen derecho a acceder y que les han sido negados por un indebido abuso de los aletargados procesos de los órganos encargados de impartir justicia, cuando por mandato constitucional deben ser pronto y expedito.
El presidente también dio a conocer el listado de alrededor de una decena de expedientes relacionados con la evasión fiscal, que en su conjunto suman un adeudo a la Federación de 129 mil millones de pesos, por la dilación deliberada de resolverlos por parte de los diversos juzgados.
