La Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por el Gabinete de Seguridad federal pretende combatir uno de los delitos de mayor crecimiento en México, con un enfoque integral que incluye acciones operativas, incrementar la denuncia ciudadana mediante la línea exclusiva 089, reformas legislativas y coordinación interinstitucional, que contará con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las 32 fiscalías estatales.
Van por desmantelar a las redes criminales que cobran “derecho de piso” y que operan con llamadas telefónicas principalmente desde cárceles locales y federales, de acuerdo con lo expresado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SCJN), Omar García Harfuch, en conferencia de medios, quien destacó que este plan instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum es la primera secuela de la recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
“La extorsión es uno de los delitos que más daño causa a nuestra sociedad. No sólo vulnera la seguridad de las personas, sino lastima su estabilidad económica y afecta su salud emocional”, dijo.
La estrategia estará enfocada en generar detenciones mediante inteligencia, proteger a las víctimas, prevenir el delito y reforzar operativos en centros penitenciarios donde operan call centers para extorsionar, además de campañas preventivas y capacitación a cajeros y recepcionistas para detectar casos.
En tanto que el fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró que tienen “muy bien ubicadas” las cárceles en donde operan call centers de extorsión y el modo de operar de quienes cobran derecho de piso en negocios y carreteras. Por ello, anunció que el 1 de agosto convocará a todos los fiscales estatales para establecer un sistema común de información y levantar denuncias en esta materia.
El documento señala que ocho estados concentran el 66% de las extorsiones del país: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. En estas entidades se aplicarán acciones prioritarias con equipos especializados y el apoyo de la UIF para congelar cuentas bancarias usadas por extorsionadores.
También se reforzarán operativos para bloquear líneas celulares utilizadas en extorsiones y se establecerá el uso nacional del número 089, con atención especializada y anónima a víctimas.
