El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch indicó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la extorsión, se llevó a cabo una operación con el objetivo de desmantelar las redes criminales vinculadas con la extorsión en el Estado de México.
En estas operaciones realizadas se desplegaron 63 células operativas con 2,866 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Se operó de manera simultánea en 14 municipios, donde se ejecutaron cateos en 52 establecimientos relacionados con los delitos de extorsión principalmente, secuestro y delitos contra la salud.
El despliegue contó con una fuerte presencia de la Guardia Nacional en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.
Como resultado de estas acciones operativas se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por el delito de Secuestro Exprés con Fines de Extorsión.
Posteriormente en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro “N”, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con información del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, dichas personas están relacionadas con un grupo criminal originario de Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas.
Asimismo, en estas acciones se aseguraron animales de granja, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que eran instrumento, objeto o producto de este delito.
También fueron intervenidas oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio; minas, carnicerías y expendios de huevo, así como establecimientos de venta de alimentos para animales y forrajes.
Es importante destacar que combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México, y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos, desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción.
Fue indispensable actuar de manera conjunta entre las autoridades federales y estatales, a través de operativos coordinados que permitieran desarticular sus operaciones, asegurar bienes vinculados al delito y recuperar el control del territorio en favor de la ciudadanía.
