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Alejandro Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI) sostiene que el derecho de piso es diagnosticado hasta en médicos pasantes que por 3 mil pesos al mes envían a pasantes de medicina a poblados alejados y en 45 de los 50 municipios que concentran casi el 40% de los asesinatos que a diario se cometen en México, hay escasez de médicos.
Luego de la indignación a nivel nacional por el asesinato a sangre fría del pasante de medicina Erick Andrade, quien estaba a 2 semanas de concluir su servicio social en la clínica de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, Desfassiaux, dijo que es momento de reflexionar cuáles debieran ser las condiciones de seguridad, para que no se repitan estas muertes que se están volviendo recurrentes, dada la enorme violencia a la que están sujetos los jóvenes médicos en el país.
Recalca que el Servicio Social se implementó en México a mediados de los años 30 del siglo pasado, cuando el Dr. Gustavo Baz Prada fue Director de la Escuela Médico Militar y de la Academia Nacional de Medicina y consistía en el desempeño temporal de funciones en las zonas más apartadas del país; y así los estudiantes, sobre todo de escuelas públicas, retribuyeran al Estado por su formación médica. Eso en realidad no ha evolucionado mucho desde entonces, pero desafortunadamente si las condiciones de violencia e inseguridad en el país.
En 45 de los 50 municipios identificados por la 4T, que concentran casi el 40% de los asesinatos que a diario se cometen en México, hay escasez de médicos. Los municipios con más homicidios médicos en México son Tijuana, Ciudad Juárez, León, Cajeme y Guadalajara (los que tienen mayor carencia de médicos con especialidades demandadas como urgencias quirúrgicas, ginecología y obstetricia; así como anestesiología).
“Es incorrecto pensar que deba existir una corresponsabilidad de las universidades para asegurar que los jóvenes acudan a lugares adecuados, que monitoreen los incidentes y eventualidades de ese servicio, porque la obligación de proveer seguridad es del gobierno y no de las instituciones académicas. Lo que si debe haber son acuerdos con los estados en coordinación con la Guardia Nacional, en donde se garantice la seguridad de los médicos pasantes, porque además de padecer extorsiones y hasta derecho de piso, están arriesgando su vida y eso ya es inaceptable”, afirmó el experto en temas de seguridad.
En Tamaulipas, los médicos son secuestrados para que atiendan a miembros de bandas heridos en balaceras. En el estado de Guerrero, grupos criminales cobran a las clínicas una cuota mensual de extorsión. En Zacatecas, personal médico recién fue asesinado por trasladar a un hospital a miembros de bandas contrarias.
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