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Juzgadores federales rechazaron la Iniciativa de Reforma del Primer Párrafo del Artículo 97 de la Constitución en Materia de Cambio de Adscripción de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuyo dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados ya que consideran que viola la independencia e inamovilidad judiciales de las y los juzgadores federales, por ser contraria a estándares constitucionales, convencionales y jurisprudenciales.
Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, sostiene que los principios de supremacía constitucional y progresividad, exigen rechazar categóricamente interpretaciones opuestas al texto y al claro sentido de la Carta fundamental; asimismo, el principio de división de poderes obliga a respetar la independencia e inamovilidad judiciales, que dan seguridad y estabilidad en el ejercicio del cargo y la función jurisdiccional a las Juezas y Jueces, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de la Federación.
La iniciativa aprobada es contraria a estándares internacionales, dado que contraviene los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura, ya que la jurisprudencia nacional emitida por la SCJN, ha establecido que la inamovilidad de las y los juzgadores es una garantía constitucional de la función jurisdiccional, que salvaguarda la independencia judicial, la cual también constituye una garantía para la sociedad de contar con magistrados independientes y de excelencia.
“Ante tal marco normativo, las y los juzgadores federales expresamos nuestra oposición con la iniciativa dictaminada por las y los Diputados referidos, en virtud de partir de premisas inexactas que no justifican, razonadamente, la afectación por parte del legislador para intervenir tales derechos de las personas juzgadoras, que afectan la función jurisdiccional por intromisiones directas a los postulados constitucionales y convencionales”, afirmaron .
Aun así señalan que confían en que dicho dictamen una vez que se lleve al Pleno de la Cámara de Diputados, se evalúen los compromisos convencionales adquiridos por el Estado mexicano, para los efectos de su votación; y proponen se tomen en consideración los tópicos normativos argumentados, entre otros; y se pondere la posibilidad de establecer un dialogo institucional para que se respete y prevalezca el Estado Democrático de Derecho.
