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El Juzgado Primero de Distrito con residencia en Yucatán, concedió a la asociación civil “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano” la segunda suspensión definitiva contra las obras del tramo cinco del Tren Maya. Pero por otra parte le negó a la asociación, medida cautelar contra la omisión de las autoridades de gestionar y solicitar los diversos permisos relacionados con los ordenamientos ambientales y de planificación territorial, los cuales son adicionales a la autorización provisional contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG-05891-21.
El titular del juzgado, Adrián Fernando Novelo Pérez, analizó la demanda de garantías de la asociación que interpuso el pasado 5 de abril de este año, con la impugnación de los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el tramo cinco de dicho proyecto que abarca de Cancún a Tulum Norte.
La organización ambiental sin fines de lucro, sostiene que el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Defensa Nacional, del Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), fueron omisos al no solicitar dichos permisos.
Será hasta el 5 de agosto cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional en la que resolverá si le concede el amparo a la asociación civil.
En juzgados está pendiente que el juez Novelo Pérez determine si el gobierno federal violó la suspensión definitiva que le otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al reiniciar las obras del tramo cinco, luego de que el Tren Maya fue declarado proyecto de seguridad nacional, resolución que se podría dar a conocer mañana.
